La Comunidad de Madrid actualiza su ley de caza y pesca para proteger la biodiversidad
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Caza y Pesca, una normativa que busca adaptar la regulación de estas actividades al contexto actual, abordando la sostenibilidad de los ecosistemas.
Así lo informó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien destacó en rueda de prensa que esta ley será publicada en el Portal de Transparencia de la comunidad y abierta a consulta pública por 15 días hábiles a partir de su publicación.
La legislación pretende dotar a la Comunidad de Madrid de una normativa específica, superando así el marco estatal de la Ley 1/1970 de caza y la normativa piscícola anterior, que aún rigen en el ámbito regional. Esta nueva ley persigue actualizar el régimen sancionador, simplificar los procedimientos administrativos y redefinir las categorías de terrenos cinegéticos, como detalló García Martín.
Entre las innovaciones, se destaca el refuerzo del rol de los gestores cinegéticos, quienes serán actores clave en la preservación de la flora y la fauna regional, además de optimizar el sector piscícola, cada vez más orientado al Deporte y la modalidad de captura y suelta. Otro aspecto significativo es la incorporación de la cetrería, considerada recientemente Bien de Interés Cultural (BIC) en la Comunidad, como arte de caza protegido.
Desde el Gobierno regional se enfatiza que una gestión adecuada de la caza es esencial para mantener el equilibrio de ciertas especies animales, especialmente en aquellos casos donde se ha producido un incremento desproporcionado. Este desbalance genera problemas, como daños a los cultivos, transmisión de enfermedades al ganado e, incluso, accidentes de tráfico en zonas donde especies como el jabalí y el conejo se acercan a áreas urbanas.
Madrid cuenta actualmente con 576.000 hectáreas de terreno destinadas a actividades cinegéticas, lo que representa el 69% de su territorio, y alberga 44.000 licencias de caza en vigor. En el ámbito de la pesca, la región mantiene cerca de 46.000 licencias activas y un total de 24 tramos fluviales reglamentados, sumando aproximadamente 130 kilómetros de aguas reguladas, además de contar con zonas de aguas libres en el resto de la comunidad fuera de áreas específicas de trucha.
El proyecto también apunta a mejorar la relación entre estas actividades y el desarrollo rural, pues la caza y la pesca no solo contribuyen al control de especies sino que también generan empleo en las zonas rurales, ayudando a frenar la despoblación. Para la pesca, en particular, la ley contempla medidas para fortalecer las poblaciones de especies autóctonas afectadas por la construcción de embalses y otras infraestructuras que fragmentan su hábitat natural.
El anteproyecto estará en consulta pública durante 15 días, permitiendo a los ciudadanos y organizaciones hacer observaciones y sugerencias sobre esta normativa que, según el Gobierno madrileño, adaptará la práctica de la caza y la pesca a los tiempos actuales, promoviendo su sostenibilidad ecológica y económica.
