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Más de 300.000 vehículos quedarán vetados en Madrid por las ZBE en 2026
La entrada en vigor del nuevo régimen de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Madrid, prevista para el 1 de enero de 2026, supondrá la expulsión de más de 300.000 vehículos sin etiqueta ambiental que actualmente circulan por la ciudad. Según un estudio elaborado por la entidad Dvuelta, esta medida afectará al 15% del parque motorizado y generará un impacto económico de entre 6.000 y 9.000 millones de euros, cifra que recaerá directamente sobre las familias, trabajadores autónomos y pequeñas empresas obligados a renovar su vehículo.
La aplicación de esta ordenanza, actualmente recurrida ante el Tribunal Supremo, obligará a sustituir vehículos que, en muchos casos, funcionan correctamente, por otros que se ajusten a las exigencias medioambientales municipales. El coste medio estimado para adquirir un vehículo nuevo ronda entre los 20.000 y 30.000 euros, lo que representa, según Dvuelta, un gasto forzoso que penaliza de forma desigual a las rentas más bajas.
Los distritos más afectados por la medida serán los de menor renta y mayor antigüedad del parque móvil, como Carabanchel, Villaverde, Usera, Vallecas o Vicálvaro, donde más del 35% de los hogares emplea a diario vehículos sin distintivo ambiental. En estas zonas, la movilidad diaria depende en gran medida del transporte privado, debido a la falta de alternativas de transporte público adaptadas a los horarios y necesidades de los trabajadores.
Para las pequeñas y medianas empresas, las restricciones podrían suponer un sobrecoste inasumible. “Una furgoneta diésel que hoy funciona perfectamente no dejará de ser útil en 2026: simplemente dejará de poder circular”, denuncia Pedro Javaloyes, portavoz de Dvuelta. En su opinión, esta normativa responde a una “obsesión regulatoria” desconectada de la realidad social y económica de la ciudad.
Desde Dvuelta también se rechaza el uso del argumento de la calidad del aire como justificación principal, recordando que más de la mitad de los 230 millones de euros recaudados en sanciones de tráfico por el Ayuntamiento de Madrid provienen de multas impuestas en ZBE. La entidad considera que no se están teniendo en cuenta ni la huella ecológica del achatarramiento de vehículos todavía operativos ni la de la fabricación de sus sustitutos, lo que compromete el balance medioambiental de la medida.
Además, recuerdan que la ordenanza reguladora fue anulada en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y que el Ayuntamiento sigue adelante con su aplicación pese a que el recurso presentado por el consistorio aún está pendiente de resolución en el Supremo. “Imponer restricciones que han sido anuladas jurisdiccionalmente no solo es una temeridad política, sino una irresponsabilidad administrativa”, ha criticado Javaloyes.
En este contexto, Dvuelta exige la suspensión cautelar de la medida hasta que haya sentencia firme, así como la implantación de un calendario progresivo que permita una adaptación razonable por parte de ciudadanos y empresas. También reclama un sistema real de ayudas directas, especialmente dirigido a las rentas más bajas, autónomos y pymes que dependen del vehículo para trabajar.
Entre las medidas propuestas figuran también el reconocimiento de la validez de los vehículos correctamente mantenidos mediante un sistema de verificación técnica y medioambiental individualizada, así como la mejora del transporte público y la creación de aparcamientos disuasorios que permitan a los residentes en la periferia desplazarse de forma eficiente, económica y segura.
Finalmente, la entidad exige transparencia en la publicación de los datos medioambientales que justifiquen las decisiones adoptadas, para que los ciudadanos puedan conocer su impacto real y ejercer una fiscalización efectiva sobre la eficacia de las políticas públicas en materia de movilidad.
