El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que restaurará la placa dedicada a Francisco Largo Caballero, retirada en 2020, “en el tiempo y forma que marca la sentencia” del Tribunal Supremo y dentro del marco del contrato de conservación de monumentos actualmente en vigor. Según fuentes municipales, la pieza se encuentra custodiada en dependencias del Área de Cultura, Turismo y Deporte.
El Tribunal Supremo ratificó el pasado mes de julio la nulidad del acuerdo aprobado por el Pleno municipal el 29 de septiembre de 2020, mediante el cual se ordenaba la retirada de los nombres de la avenida Francisco Largo Caballero y del bulevar de Indalecio Prieto, así como de la placa situada en la Plaza de Chamberí dedicada al primero. La decisión del Alto Tribunal desestimó los recursos interpuestos por la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces y por el partido VOX contra las sentencias anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ya habían declarado nula la actuación del Ayuntamiento.
Desde la oposición, el grupo municipal Más Madrid ha intensificado sus críticas al equipo de gobierno. Su portavoz en funciones, Eduardo Rubiño, ha reclamado explicaciones sobre el estado actual de la placa y ha denunciado que el Ayuntamiento “sacó los restos del Almacén de la Villa” sin que exista contrato alguno para su restauración.
El edil ha solicitado mediante carta dirigida a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, una visita urgente antes del 9 de septiembre a las instalaciones municipales donde se custodia la placa. El objetivo, según ha declarado, es “verificar su estado y comprobar las condiciones de conservación”. Más Madrid asegura que no consta ningún contrato específico para su restauración en la plataforma de contratación pública, pese a la existencia de un acuerdo marco para la conservación de patrimonio monumental.
Rubiño ha calificado de “insostenible” la actitud del equipo de gobierno y ha exigido transparencia: “Queremos saber dónde está exactamente la placa y con qué medidas de seguridad cuenta. Basta de mentiras y basta de opacidad”. El edil recuerda que el cumplimiento de una sentencia judicial no se puede supeditar a cuestiones administrativas y reclama que se actúe con diligencia.