Escuelas Católicas llevan a los tribunales el veto de la Comunidad de Madrid al uso individual de tabletas en Primaria

La Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el decreto del Gobierno regional que prohíbe el uso individual de dispositivos digitales en las etapas de Infantil y Primaria en los colegios sostenidos con fondos públicos.

Así consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicado este miércoles, en el que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM anuncia el procedimiento abierto y emplaza a las partes interesadas a personarse en la causa.

El curso 2025/2026 ha comenzado en la Comunidad de Madrid con la aplicación de esta nueva normativa, que busca garantizar la adquisición equilibrada de competencias digitales, limitando al mismo tiempo los riesgos asociados al uso prematuro o excesivo de tecnologías en la infancia. Sin embargo, Escuelas Católicas de Madrid, que representa a cerca del 70% de los centros concertados en la región, ha manifestado un rechazo rotundo a lo que considera una medida “radical” que atenta contra la libertad educativa y la autonomía pedagógica de los centros.

La federación denuncia también la ausencia total de diálogo previo con el sector y reprocha al Ejecutivo madrileño haber impuesto esta reforma sin escuchar ni a los titulares ni a las familias. A su juicio, el nuevo decreto vulnera el derecho de los centros a desarrollar un proyecto educativo propio, elegido libremente por las familias, y contradice los principios de libertad, pluralidad y calidad educativa que la propia Comunidad de Madrid proclama defender.

Desde Escuelas Católicas se insiste en que el debate sobre el uso de tecnologías en el aula es legítimo y necesario, pero debe abordarse desde la corresponsabilidad y el respeto a los proyectos educativos de cada centro. “No se puede imponer una visión única, ni anular la libertad de los titulares para organizar su acción educativa conforme a sus convicciones pedagógicas”, han asegurado en un comunicado, en el que también subrayan que la escuela debe liderar ese debate y no ser simplemente objeto de decisiones administrativas unilaterales.

Según el decreto recurrido, los alumnos de Educación Infantil y Primaria no podrán utilizar de forma individual tabletas, móviles u ordenadores ni dentro ni fuera del horario escolar para la realización de tareas o actividades evaluables. El uso compartido, siempre entre dos o más alumnos, queda limitado a fines pedagógicos, con una duración máxima de entre una y dos horas semanales, en función de la edad y etapa educativa.

En el caso de la Educación Secundaria, la normativa permite que sean los propios centros —tanto colegios como institutos— los que definan el uso de dispositivos digitales, ya sea individual o compartido, atendiendo a las características de las materias, la edad y el grado de madurez de los alumnos. Esta distinción pretende adaptar la política digital a la evolución del desarrollo del alumnado, pero ha sido igualmente criticada por los centros concertados, que denuncian una intervención excesiva y poco respetuosa con la diversidad de modelos educativos existentes en la región.