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La Comunidad de Madrid autoriza un préstamo de 34 millones a la Complutense para afrontar su déficit
El Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso ha aprobado este miércoles la concesión de un préstamo por valor de 34.469.224 euros a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con el fin de responder a su situación de déficit estructural y evitar un deterioro de su solvencia económica. Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión del Consejo de Gobierno, donde se ha autorizado la operación, que será ejecutada en los próximos días a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
El Ejecutivo madrileño da así respuesta a la solicitud formal elevada por la universidad el pasado mes de julio y reafirma su compromiso con el sostenimiento de las universidades públicas de la región. La intervención financiera se produce en un contexto en el que la Complutense cerró el ejercicio 2024 con un resultado negativo de 33,19 millones de euros.
Como parte del acuerdo, la UCM deberá aprobar un Plan Económico Financiero (PEF), tal como exige la normativa vigente para aquellas administraciones que incumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria. Este documento contemplará medidas de ahorro centradas en la contención del gasto de personal, la eficiencia energética y la reducción de los gastos protocolarios y académicos.
La universidad ha mantenido desde diciembre una retención de crédito del 35% como medida de ajuste presupuestario, que se prolongará hasta 2028. Según las previsiones, estas restricciones permitirán reducir el déficit en un 36% en 2025, un 33% en 2026 y un 9% en 2027, con la Meta de cerrar el ejercicio 2028 con equilibrio presupuestario.
El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, ha asegurado que las nóminas del personal “no están en riesgo” y que se mantiene el proceso de estabilización del personal docente e investigador (PDI) conforme al Plan de Actuaciones vigente.
El plan financiero diseñado por la universidad contempla, además de las retenciones de crédito, nuevas políticas de racionalización del gasto y una optimización de la gestión patrimonial. Se pretende, con ello, mejorar la eficiencia económica del centro sin afectar de forma sustancial a su operativa académica.
Desde el Gobierno regional se insiste en la voluntad de garantizar la sostenibilidad del sistema universitario público madrileño, pero también en la necesidad de que las instituciones beneficiadas por fondos públicos adopten planes de responsabilidad financiera, conforme a lo establecido en el artículo 135 de la Constitución española.
