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El PP propone liberar suelo y reforzar la seguridad jurídica para impulsar un Plan estatal de vivienda
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han presentado este jueves al Ministerio de Vivienda un documento conjunto con sus líneas estratégicas para la elaboración de un nuevo Plan estatal de vivienda. La propuesta parte de una visión orientada a revertir la actual crisis habitacional en España, centrando sus prioridades en el aumento de la oferta, el fomento de la seguridad jurídica y el impulso a la vivienda social.
Según sostienen los trece gobiernos autonómicos populares, la raíz de la crisis se encuentra en la escasez de viviendas disponibles y en el deterioro del marco legal para propietarios e inversores. Ante ello, han articulado una hoja de ruta en seis líneas de actuación que abordan desde la disponibilidad de suelo hasta la necesidad de una fiscalidad que facilite el acceso a la vivienda sin intervenir en el mercado de forma distorsionante.
Las propuestas pasan por movilizar suelo público —tanto patrimonial como demanial— para proyectos de vivienda pública, social y asequible. Este objetivo busca corregir el desajuste entre demanda y oferta, especialmente en las zonas con mayor presión habitacional, sin recurrir a políticas intervencionistas que, según el PP, han fracasado allí donde se han aplicado.
El documento plantea una atención especial a las familias en riesgo de pobreza o exclusión, así como a víctimas de violencia machista y terrorismo, mediante fórmulas de acceso preferente a vivienda social. Igualmente, se propone apostar por la rehabilitación integral del parque de viviendas ya existente, en paralelo a planes de regeneración urbana que permitan recuperar entornos degradados y mejorar la eficiencia energética de los edificios.
Uno de los aspectos clave del plan popular es la recuperación de un marco jurídico estable y previsible, que proteja tanto a inquilinos como a propietarios, y que devuelva la confianza a los pequeños y medianos arrendadores. A ello se suma la necesidad de reducir la burocracia y agilizar trámites urbanísticos y de financiación, de modo que se facilite la puesta en marcha de nuevos desarrollos residenciales sin dilaciones innecesarias.
Por último, las comunidades del PP reclaman una fiscalidad “adecuada” que permita rebajar el coste de acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler.
