La Comunidad acusa al Ministerio de Vivienda de "hipocresía" por centrarse en los pisos turísticos y no en la ocupación

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha criticado este martes la "hipocresía" del Ministerio de Vivienda tras exigir al Ejecutivo regional intensificar el control sobre los alojamientos turísticos.

A su juicio, el Gobierno central debería mostrar el mismo interés en combatir la ocupación y la inquiocupación, que considera uno de los principales problemas que afectan a los propietarios y a la seguridad jurídica en España.

Rodrigo calificó de "bomba de humo" la advertencia del Ministerio, que remitió una carta solicitando al Gobierno madrileño más inspecciones y control, como hacen otras comunidades. El consejero afeó que la misiva estuviera dirigida a su nombre cuando estas competencias corresponden a la Consejería de Turismo, en manos de Mariano de Paco Serrano. Para el dirigente madrileño, este error demuestra "la falta de conocimiento" de la ministra Isabel Rodríguez "a la hora de llevar a cabo ciertas políticas de las cuales no tiene competencia".

El consejero aseguró que Madrid cuenta "con los mejores datos de inspección y del número de licencias turísticas retiradas", recordando el Plan Residen en la capital y la reciente modificación legislativa que ha permitido ampliar el número de inspectores. Además, subrayó que el registro de viviendas turísticas no responde a una iniciativa del Gobierno central, sino a un mandato de la Unión Europea que las comunidades autónomas han aplicado en colaboración con ayuntamientos y otras entidades públicas.

Rodrigo advirtió de que el Ejecutivo central pretende retirar viviendas turísticas para destinarlas al alquiler asequible, mientras descuida los efectos negativos de la ocupación. "El problema que tenemos actualmente con estas viviendas turísticas y al mismo tiempo con la inquiocupación es la falta de seguridad jurídica que nos está proporcionando la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez", afirmó, tachando la norma de "desastre" que "no mejora en nada las políticas de vivienda ni ofrece una alternativa real a jóvenes y familias".