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El "cupo catalán" costará cerca de 6.000 euros a cada madrileño
La Consejería de Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid ha cifrado en 5.663 euros lo que a cada madrileño le costará el "cupo catalán" si sale adelante, incluyendo la deuda y la amortización nacional.
Así lo han precisado fuentes del Gobierno regional tras la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2026 en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.
En rueda de prensa, la consejera, Rocío Albert, ha destacado que el Ejecutivo autonómico "cumple con su deber, compromiso y obligación con todos los madrileños" al presentar sus cuentas puesto que son "una herramienta básica y necesaria para garantizar la prestación de servicios públicos fundamentales, impulsar inversiones" y un acto de "responsabilidad y respeto hacia el dinero público".
No obstante, ha lamentado que a la hora de redactar los Presupuestos no han conocido el objetivo de estabilidad ni la regla de gasto nacional. Tampoco conocen si se va a producir un incremento retributivo para los empleados públicos o si habrá un nuevo sistema de financiación que llevan exigiendo desde el principio de la legislatura.
Por otro lado, se desprende del Proyecto de Ley de Presupuestos, la región continuará siendo la comunidad más solidaria, aportando en 2026 al Fondo de Garantía 7.689 millones, y otros 1.168 millones al Fondo de Suficiencia.
Cabe destacar que Madrid contribuyó en 2023 al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales con 5.747,6 millones de euros, el 75,2% de la parte autonómica de este Fondo. En términos reales, desde 2009 (año en el que se aprobó el actual sistema de financiación) y hasta 2023, que es el último ejercicio con liquidación definitiva, ha realizado una aportación neta de 55.768 millones de euros.
Tras ella se sitúa Cataluña (18.494 millones de euros) y Baleares (3.586 millones de euros) han contribuido a este fondo, cuyo cálculo se hace, de acuerdo con lo estipulado en el SFA, sobre la base de la capacidad tributaria normativa y en el que, por tanto, no influye en modo alguno el uso que la Comunidad de Madrid hace de su autonomía fiscal para aliviar la carga tributaria de los madrileños.
