La Comunidad de Madrid inicia el proceso para que el Instituto de Empresa se convierta en universidad privada

la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que su Gobierno ha comenzado los trámites legislativos para que el Instituto de Empresa (IE) obtenga el rango de universidad privada en la región. Este anuncio se ha producido durante su visita institucional a Quito, la capital de Ecuador, coincidiendo con la celebración de la segunda vuelta electoral en dicho país.

Con esta iniciativa, el Instituto de Empresa pasará a formar parte del conjunto de instituciones universitarias de la Comunidad de Madrid, compuesto actualmente por seis universidades públicas y trece privadas. La nueva condición académica permitirá al IE ampliar su oferta formativa y número de plazas, consolidando su capacidad de atracción de estudiantes internacionales y reforzando el papel de Madrid como polo de excelencia educativa a nivel global.

Ayuso ha remarcado el compromiso del Gobierno autonómico con la colaboración entre el sector público y privado, destacando su apuesta por la calidad educativa y la conexión entre la universidad, la investigación, la cultura y el mundo empresarial. En este sentido, ha defendido la importancia de tender puentes entre estos ámbitos para fortalecer el sistema educativo superior de la región.

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha finalizado la fase preliminar del procedimiento, tras recibir informes favorables de los órganos consultivos pertinentes, como la Conferencia General de Política Universitaria, la Fundación madri+d, la Secretaría General Técnica y la Dirección General de Infraestructuras. Tras esta etapa, se abre ahora el periodo de audiencia e información pública, y se solicitarán los informes correspondientes a otras consejerías y a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

Una vez superado este trámite, se elevará el Anteproyecto de Ley al Consejo de Gobierno. Si este lo aprueba, pasará a la Asamblea de Madrid para su debate y posible aprobación como ley.

Mientras tanto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado una reforma normativa para reforzar los requisitos exigidos a los nuevos centros universitarios. Entre las medidas previstas figura la obligación de contar con un informe preceptivo y vinculante de la ANECA o su equivalente autonómico, y se establecerá una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes durante los primeros cinco años de funcionamiento. El objetivo, según el Ejecutivo, es asegurar la calidad e independencia del proceso de creación de universidades en España.