Imputan al rector de la URJC malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y prevaricación
El rector de la URJC, Javier Ramos, y su Gerente General, Luis Mediero, están imputados. Una querella presentada por el profesor Jorge Urosa Sánchez ha llevado al titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles a ver hechos constitutivos de delito.
En concreto, este querellante les acusa de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y de falsedad de documento público.
El juez ha admitido a trámite la querella. A través de un auto del pasado 9 de junio en el que se afirma que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de Prevaricación administrativa”.
El escrito del juez continúa hablando de “un presunto delito de malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y prevaricación imputados a Javier Ramos López [rector de la URJC], y Luis Mediero Oslé [Gerente General de la Universidad]”.
Por ello, dice el auto judicial, “cítese para prestar declaración en calidad de investigados” el próximo 1 de octubre, afirma el auto del juez instructor.
Jorge Urosa era hasta hace un año y medio el director del Centro Integral de Formación Permanente (CIFP) de la URJC, entidad que tenía como misión atraer el mundo de la empresa a la universidad, comunicar ambas realidades con el fin de mejorar la preparación del alumnado. El centro gozaba de éxito y prestigio y estaba consiguiendo facturar casi dos millones de euros anuales en formación contínua.
Por motivos que más adelante desentrañamos, el Rector Ramos quería cesar a Urosa de su puesto directivo. Deseaba controlar el CIFP y evitar la incorporación de nuevos títulos propios. El Rector afirmaba que la URJC se encontraba en riesgo reputacional, sobre todo después de las noticias conocidas a partir del lío de máster de Cifuentes que atrajo la lupa de políticos y medios de comunicación.
La universidad que dirige Javier Ramos, da un paso más en su empeño de descabezar el CIFP y convoca un concurso para encargar una auditoría forense, sin acuerdo previo expreso del Consejo Social, y lo gana la empresa Grant Thornton SLP por un importe de 261.791,97 euros.
La auditoría pretendía examinar la información financiera y contable de la gestión de Urosa al frente del centro que dirigía, analizar los recursos y obligaciones, velar -supuestamente- por la precisión y consistencia en los registros financieros.
Dicho estudio en ningún caso concluyó que hubiera delitos en la gestión de su director. El rector Ramos, no satisfecho con la respuesta, quiso encargar un nuevo informe al despacho externo de abogados de la URJC. Pero no llegaron a analizar nada. Por el nerviosismo de una posible moción de censura promovida por los alumnos, tan contrariado estaba el Rector que decidió contratar, desde la universidad, al bufete de abogados Baker & Mckenzie para lo que parecer ser conseguir un informe que respaldara la decisión de cesar al director Urosa. Se trata de un servicio externo a través de un contrato menor por 964 euros menos del máximo que permite la ley, 17.036,80 euros.
Pero Javier Ramos parece precipitarse, y ficha al despacho de abogados antes de iniciar el expediente de contratación. Parece ser que el contrato con el bufete se realiza en julio -lo dijo el propio Rector por aquellas fechas en algunos medios de comunicación- aunque el expediente de contratación se monta dos meses después. Sería una presunta falsificación del procedimiento administrativo requerido, apreciando indicios de presunta manipulación del expediente de contratación para dárselo a alguien que ya estaba contratado previamente.
El Rector entonces argumenta que la auditoría “ha encontrado incumplimientos de normativa y minoración de controles, así como desajustes contables que han podido causar perjuicios económicos a nuestra Universidad”, y anuncia que cerrará el Centro Integral de Formación Permanente, lo que le sirve de excusa para cesar a Urosa. Lo cierto es que, a día de hoy, el CIFP no ha cerrado.
A continuación el Rector abre un expediente sancionador a Urosa acusándole de haber realizado cursos muy largos, que deberían haber sido títulos propios. No obstante, la realidad es que los cursos eran autorizados por el mismo Rector a través de convenios con empresas que firmaba la máxima autoridad universitaria.
Hacer política en la Universidad
Los que conocen al rector Javier Ramos hablan de arbitrariedad. Como muestra un botón: en uno de los pasados Consejos de Gobierno se aprobaron los pagos por dirección de Trabajo fin de Grado. Uno de los profesores contaba con 35 direcciones de máster, lo que parece a todas luces exagerado, aunque ha sancionado por lo mismo a varios firmantes de la moción de censura contra él.
La querella afirma que “el motivo de estas disposiciones de los fondos públicos duplicadas y sin justificación, tiene como finalidad una persecución a disidentes de la política del Rectorado”.
El 4 de julio de 2018 se celebró un Claustro en el que se anuncia que los alumnos están promoviendo una moción de censura al Rector, planificada para el mes de septiembre. En ese Claustro participa como miembro Jorge Urosa, ex director del CIFP.
La moción se venía forjando desde al menos un mes antes, motivo por el que el Gerente de la URJC, con el ánimo de coaccionar a sus responsables, introdujo en la Auditoría Forense al Centro Integral de Formación Permanente, según el escrito de la querella.
No fue esta la única coacción para intentar que no prosperara la moción de censura, sigue afirmando el escrito presentado por Urosa. El 27 de julio de 2018 se ordenó a la Vicegerente del Área Económica que formulara propuesta para iniciar el expediente de contratación para el Servicio de Auditoría Forense y auditoría Económico financiera de distintas unidades de la URJC, sustentado en un inexistente acuerdo del Consejo Social. Ese mismo día la URJC dicta resolución por la que se acuerda la iniciación del expediente de contratación de Servicio de Auditoría Forense y Auditoría Económico financiera de distintas unidades de la URJC. También en la misma fecha se resuelve que se declara la urgencia del expediente para la contratación citada.
En la presentación de la querella de Urosa se afirma que “a sabiendas de que existía una auditoría con la obligación de tipificar los posibles delitos, a sabiendas de que se tenía contratado un despacho de abogados cuya labor era el asesoramiento y litigación en el orden penal por valor de 120.000 euros se continuó con la contratación de un contrato menor que en realidad ya se había encargado y realizado, es decir que habiéndose gastado más de 380.000 euros para realizar la función de tipificar los hechos y las actividades del CIFP, el Rector y el Gerente General deciden volver a disponer de fondos públicos para justificar una nueva contratación contra los informes de la intervención general de la URJC”.
Según expertos jurídicos consultados por este periódico, la querella está muy bien fundamentada, las pruebas están bien elegidas y la imputación es la prueba evidente de que la carrera del rector Ramos podría estar llegando a su fin.
