El PP lleva al Congreso la reprobación de Marlaska y el PSOE necesitará a todos sus socios para evitarla

El PP someterá a votación esta semana en el Pleno del Congreso la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el asesinato de los dos guardias civiles que fallecieron en Barbate (Cádiz) al ser embestidos por una narcolancha, y el PSOE necesitará el el apoyo de todos sus socios de investidura para evitar que prospere.

La reprobación se incluye en la moción consecuencia de la interpelación que los 'populares' dirigieron al ministro el pasado miércoles, horas antes de que el Senado le censurara por el mismo motivo.

Aquella reprobación salió adelante en la Cámara Alta por la mayoría absoluta del PP --al que apoyaron Vox y UPN--, pero algunos socios del Gobierno como ERC, Bildu y Junts y el senador de Sumar se abstuvieron. El voto en contra de estos partidos será imprescindible para que el ministro se salve de ser reprobado de nuevo en el Congreso.

En concreto, el PP aspira a que la Cámara Baja reprenda a Marlaska por "su gestión al frente del ministerio, especialmente por el asesinato de dos guardias civiles en su misión de lucha contra e narcotráfico".

Debe ser cesado

La moción cuenta con un segundo punto, en el que se urge al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a "la destitución inmediata" del ministro ante la negativa de Marlaska a "asumir su responsabilidad política dimitiendo".

En la exposición de motivos de la iniciativa, los de Alberto Núñez Feijóo exigen que se dote de medios materiales y humanos suficientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad el Estado que luchan contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y denuncian la "inacción y la autocomplacencia" de un Gobierno que es "incapaz de atender las demandas" no sólo de los agentes, sino también del Servicio de Aduanas o de la Fiscalía Especial Antidroga.

El PP considera censurable toda la gestión del titular de Interior y, de hecho, recuerda, que ya fue reprobado por el Congreso hace un año por el "nefasto" modo en que afrontó la crisis generada por el asalto a la valla de Melilla que tuvo lugar en julio de 2022 y que provocó el fallecimiento de al menos 23 inmigrantes.