El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recurrido a parte de su patrimonio personal para hacer frente a la fianza de 150.000 euros que le impuso el Tribunal Supremo en el marco del procedimiento abierto por la presunta filtración de información relativa a Alberto González Amador, pareja de la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso.
Fuentes jurídicas han confirmado que García Ortiz ha optado por afrontar esta obligación económica sin recurrir a apoyos externos, a pesar de que, desde que se hizo pública la fianza, ha recibido numerosas ofertas de ayuda por parte de familiares, amigos, compañeros de profesión e incluso ciudadanos anónimos.
El jefe del Ministerio Público ha querido agradecer esas muestras de respaldo, pero ha preferido asumir en solitario el pago de la fianza, sin implicar a terceros, aportando bienes personales dado que no contaba con el importe requerido en metálico. La Sala de lo Penal del alto tribunal deberá ahora verificar que los activos presentados son suficientes para cubrir la cuantía impuesta.
En paralelo, García Ortiz ultima la presentación de un recurso directo de apelación contra la decisión del magistrado instructor Ángel Hurtado, al considerar que la cantidad fijada resulta excesiva. Cabe recordar que la acusación particular, ejercida por González Amador, había solicitado inicialmente una fianza de 300.000 euros, mientras que el juez instructor optó por fijarla en la mitad para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de una sentencia condenatoria.