Begoña Gómez admite que su asesora le hizo “algún favor” puntual, pero niega malversación ante el juez

Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, ha declarado este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado en calidad de investigada por un presunto delito de malversación relacionado con la contratación de su asesora Cristina Álvarez en la Presidencia del Gobierno. En su intervención, Gómez ha explicado que Álvarez desempeñaba funciones organizativas y logísticas, como la gestión de agenda o el acompañamiento a actos oficiales, y ha admitido que, en ocasiones “muy excepcionales”, le hizo algún “favor”, como el envío de un correo electrónico vinculado al patrocinio de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

Durante su comparecencia, que duró apenas cinco minutos, Gómez respondió únicamente a las preguntas de su abogado, el exministro Antonio Camacho, y rechazó contestar al juez instructor, a la Fiscalía y a las acusaciones populares. Con esta declaración, Gómez reitera el argumento ya esgrimido por su defensa en recursos anteriores, según el cual la realización de favores ocasionales no constituye en modo alguno un desvío de fondos públicos ni puede considerarse malversación.

La citación de Gómez forma parte de una de las diversas líneas de investigación que instruye el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid tras la denuncia presentada en abril por la asociación Manos Limpias. A raíz de ella se investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca. A esta causa se sumaron después nuevas querellas de organizaciones como VOX y Hazte Oír, centradas en supuestas irregularidades relacionadas con la cátedra universitaria que codirigía y la designación de su asesora en Moncloa.

Hasta el pasado mes de agosto, ni Gómez ni Álvarez estaban imputadas por malversación, ya que el propio juez había descartado esta acusación al no considerar que tuvieran responsabilidad directa en el nombramiento. Sin embargo, esa línea fue reabierta tras el análisis de un correo electrónico remitido por Álvarez en el que transmitía a la aseguradora Reale un mensaje de Gómez relacionado con el patrocinio académico. A juicio del juez, este gesto podría implicar una utilización indebida de recursos públicos para fines personales, un extremo que la defensa niega tajantemente.

Gómez ha llegado a los Juzgados de Plaza de Castilla en coche oficial, accediendo directamente por el garaje como parte del protocolo de seguridad autorizado por la juez decana. En paralelo, su defensa ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la orden del juez para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceda a siete años de correos electrónicos enviados desde su cuenta oficial. Considera que esta decisión carece de motivación suficiente y representa una vulneración de sus derechos.

También ha impugnado la nueva imputación por malversación, alegando que no existe ningún hecho que justifique reabrir esta línea de investigación, ya descartada con anterioridad. A su juicio, el juez Peinado incurre en una “instrucción prospectiva” y contradice tanto a la Audiencia como a su propio criterio anterior.

La jornada también incluyó la citación de Cristina Álvarez, asesora de Gómez desde julio de 2018, quien compareció a las 11.00 horas y se acogió a su derecho a no declarar. Es la tercera vez que comparece ante el juez: en la primera lo hizo como testigo, en la segunda como investigada respondiendo solo a su defensa, y en esta última ha optado por el silencio. Su abogado recuerda que la Audiencia ya descartó que pudiera cometer malversación por su cargo y ha criticado que se la vuelva a imputar por hechos que ya han sido examinados.

La defensa de Álvarez ha ironizado sobre el argumento de la acusación, comparando la situación con la de cualquier funcionario que hace una llamada personal desde su puesto de trabajo. También ha acusado al juez de desobedecer abiertamente la doctrina de la Audiencia Provincial, que había dejado claro que el delito de malversación solo podría ser atribuido a quienes autorizaron la contratación y el pago del puesto.

En esta línea, el único investigado por ese concepto hasta ahora había sido el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien ocupó la Secretaría General de Presidencia en el momento del nombramiento. En su declaración de mayo, Aguirre se desvinculó por completo de la contratación de Álvarez.

La Audiencia Provincial de Madrid mantiene abiertos ocho recursos relacionados con esta causa, de los cuales seis ya se encuentran en fase de resolución. El desarrollo de estos procedimientos marcará el rumbo judicial del caso en los próximos meses y determinará si se consolidan las nuevas imputaciones o si, por el contrario, se cierran algunas de las ramas abiertas durante el último año y medio.