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El Congreso aprueba solo siete leyes con efecto autonómico en 2025
El Informe de las Comunidades Autónomas de 2025, presentado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, también advierte de que la reforma de la financiación autonómica está "condenada al fracaso parlamentario" por la posición de Junts.
El Informe de las Comunidades Autónomas de 2025, presentado este martes en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, destaca que el pasado año fue de "inestabilidad" parlamentaria en el Congreso de los Diputados, lo que se tradujo en que solo se aprobaron siete leyes y cinco decretos-leyes con efectos en el sistema autonómico. El documento fue presentado por sus directores, la doctora Ana Carmona, el profesor Eduard Roig y el profesor Xavier Padrós.
Según el informe, los mínimos legislativos son consecuencia de la fragmentación de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno, en un escenario de "polarización extrema" marcado por el distanciamiento de socios como Podemos y Junts. Las siete normas estatales con impacto autonómico fueron la Ley de Eficiencia en la Justicia, la Ley contra el desperdicio alimentario, la Ley de Movilidad Sostenible, la norma que modifica la Ley de Navegación Aérea, la Ley de atención a la clientela, la Ley de modificación del Concierto Económico con el País Vasco y la Ley de modificación del Convenio Económico con Navarra.
Los cinco decretos-leyes con relevancia estructural fueron el de reparto de menores migrantes, el de entregas a cuenta, el de ELA y Dependencia, el de funcionarios de administración local con habilitación nacional y el de prórroga del escudo social.
¿Qué perspectivas tiene la reforma de la financiación autonómica?
El informe también analiza la negociación sobre la condonación de la deuda y el nuevo modelo de financiación autonómica, que partió de un acuerdo entre PSC y ERC antes de pasar a un debate multilateral. Sin embargo, los autores consideran que ambas propuestas parecen "condenadas al fracaso parlamentario" por la posición contraria de Junts, calificada de "nueva expresión de su batalla con ERC por el electorado soberanista, que hace prácticamente imposible que cada una de las dos formaciones políticas puedan apoyar cualquier propuesta atribuible a la iniciativa de la otra". El resultado es, según el documento, "el bloqueo por ahora de cualquier negociación" y "un nuevo año de retraso de la reforma del modelo, a retomar en 2026 y sin expectativas de avance en el futuro inmediato".
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