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Majadahonda apuesta por más empresas y menos impuestos para seguir creciendo
La alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno, ha asegurado que una de sus prioridades al frente del Ayuntamiento es que el municipio “siga creciendo”, con especial atención al aumento del número de empresas, la baja presión fiscal y la calidad de vida de los vecinos.
Moreno ha defendido que el presupuesto municipal de este año, que asciende a 97,2 millones de euros, mantiene el objetivo de “seguir poniendo a Majadahonda como referente a nivel nacional”, y ha subrayado que los datos actuales “avalan” la gestión del Consistorio.
Entre esos indicadores, ha destacado que Majadahonda es la ciudad española de más de 50.000 habitantes con mayor esperanza de vida, cercana a los 90 años, y la segunda de España con menor presión fiscal. Además, ha señalado que el municipio se encuentra en una situación técnica de pleno empleo, con una tasa de paro inferior al 5%, y que los datos de criminalidad están bajando “de manera drástica”.
En este contexto, la regidora ha remarcado que, frente a la “anomalía” del Gobierno de España por la falta de presupuestos, Majadahonda ha aprobado sus terceras cuentas en la legislatura, algo que, según ha afirmado, aporta “muchísima estabilidad” y permite seguir impulsando inversiones y servicios.
Moreno ha puesto como ejemplo un contrato de limpieza que ha calificado de “pionero”, con un sistema de recogida neumática mediante buzones, además del mantenimiento de zonas verdes “muy cuidadas”. También ha resaltado avances en el ámbito social, como un nuevo contrato de teleasistencia avanzada que ha permitido eliminar la lista de espera e incrementar la ayuda a domicilio.
Sobre la política fiscal, ha insistido en que el Ayuntamiento mantiene los impuestos “en los mínimos legales” establecidos en la Ley de Haciendas Locales, citando el IBI o el Impuesto de Vehículos, y ha apuntado que el margen de actuación se centra en ampliar bonificaciones.
Por último, ha criticado la tasa de basuras aprobada a nivel nacional, al considerar que limita la autonomía fiscal municipal y obliga a los ayuntamientos a repercutir el coste total de la gestión de residuos en los vecinos.
