Abogados Cristianos pide proteger la Cruz de Majadahonda

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una reclamación administrativa para evitar la demolición del monumento y cruz conmemorativa situados en Majadahonda, construidos en 1948 en memoria de ciudadanos rumanos.

Abogados Cristianos ha presentado una reclamación administrativa ante la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid para frenar la demolición del monumento y la cruz conmemorativa de Majadahonda. La asociación solicita formalmente la incoación de un expediente que declare el conjunto Bien de Interés Patrimonial o, de forma subsidiaria, Bien de Interés Cultural, en atención a su antigüedad y a su condición de cruz religiosa anterior a 1950.

El detonante fue la decisión del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que en junio de 2026 incorporó el monumento al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y ordenó su retirada o demolición inmediata por considerarlo un elemento de exaltación del franquismo y del fascismo europeo.

El conjunto fue erigido en 1948 en memoria de los ciudadanos rumanos Ion Mota y Vasile Marín, muertos en el Cerro de la Radio durante la Guerra Civil española. Su construcción no corrió a cargo del Estado español, sino que se financió con aportaciones privadas de rumanos exiliados que habían huido del régimen comunista impuesto en su país tras la Segunda Guerra Mundial.

La asociación entiende que el valor histórico y religioso del conjunto obliga a estudiar su protección antes de ejecutar cualquier actuación irreversible. Por ello, reclama a la Comunidad de Madrid que acuerde de forma inmediata la suspensión cautelar urgente de cualquier licencia, orden o actuación material dirigida a su demolición o retirada.

Abogados Cristianos advierte además que el monumento se levanta en terreno de titularidad privada, anexo al cementerio parroquial de la localidad, y que cualquier intervención unilateral para demolerlo o alterarlo sin los procedimientos y autorizaciones correspondientes constituiría una vía de hecho administrativa.

La presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, ha afirmado que "no se puede permitir que el Gobierno utilice la memoria de la historia de todos los españoles como excusa para derribar una cruz cristiana". "Se trata de un monumento levantado en terreno privado y cuyo valor debe ser protegido. La Comunidad de Madrid tiene la responsabilidad de impedir su destrucción y defender nuestro patrimonio histórico y religioso", ha agregado.