La Comunidad irá a los tribunales si no se desaloja Sol

El consejero García Martín advierte de acciones judiciales, incluidas las penales, si no se atiende un requerimiento que busca proteger la Real Casa de Correos.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado este martes que ha remitido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, un requerimiento que le concede 48 horas para disolver la acampada antidesahucios y por la vivienda de la Puerta del Sol, y ha advertido de que, en caso contrario, recurrirá a los tribunales.

"La impunidad, la ilegalidad, el desorden no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol. Y por eso acabamos de enviarle un requerimiento al delegado del Gobierno para que en el plazo máximo de 48 horas dé las instrucciones oportunas para desalojar la Puerta del Sol", ha afirmado García Martín, que es también portavoz del Gobierno regional, en declaraciones a los medios en la Real Casa de Correos.

El consejero ha defendido la necesidad de que se "proteja" este edificio, con más de 250 años de historia y declarado Bien de Interés Cultural, frente a "actos vandálicos" como los de los últimos días, en los que ha sido objeto de "pintadas, basura y orines".

Si el delegado no atiende el requerimiento, el Gobierno regional presentará un recurso contencioso-administrativo con petición de medidas cautelares ante el órgano judicial competente y se reservará "el derecho a poder emprender cualquier tipo de acción judicial, incluidas las acciones penales".

García Martín ha remarcado que desde el pasado sábado los madrileños están "sufriendo una acampada ilegal" en la Puerta del Sol, surgida tras el desahucio de Maricarmen y que, a su juicio, se ha producido "con la complicidad" del delegado del Gobierno, sin que él ni el Ministerio de Interior estén haciendo "absolutamente nada para evitarlo".

El portavoz regional ha insistido en que la acampada, que considera "ilegal", está causando "importantes perjuicios" a los vecinos y comerciantes de la zona, con los que el Ejecutivo autonómico está "en permanente contacto". "Ya temen que este acampado ilegal pueda tener un perjuicio económico muy importante como el que sufrieron durante el pasado 15M, que fue superior a los 90 millones de euros", ha apostillado.