La Comunidad aprueba el proyecto de ley para transformar oficinas en viviendas protegidas
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles un proyecto de ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida.
Esta normativa permitirá transformar oficinas en pisos de alquiler a precio asequible, con el objetivo de aumentar el parque de vivienda regional y facilitar el acceso a los madrileños.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado que esta iniciativa busca incrementar la oferta de viviendas en la región. Se estima que la ley permitirá liberar 1,8 millones de metros cuadrados de locales, lo que se traducirá en la creación de 20.000 nuevos pisos en diversos municipios.
El proyecto, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, será remitido a la Asamblea de Madrid para su validación y entrada en vigor a finales de este mes. La ley ha sido elaborada con aportaciones de colectivos del sector y ayuntamientos, recogidas durante el trámite de audiencia e información pública.
La normativa introduce una medida extraordinaria y temporal que autoriza el cambio de uso del suelo calificado como terciario (destinado a oficinas) a residencial, para la implantación de viviendas protegidas (VPP) en régimen de alquiler. Este cambio podrá realizarse mediante licencia, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico.
Los ayuntamientos tendrán hasta cuatro meses para decidir si aplican esta medida. En caso afirmativo, dispondrán de un plazo de dos años para solicitar la licencia y de tres años como máximo para ejecutar las obras. La medida se podrá aplicar en parcelas vacantes o en edificios existentes, siempre que afecte a toda la infraestructura.
La iniciativa también incluye la exención de los planes especiales para la implantación de VPP en parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos, lo que reducirá el plazo para su construcción entre 8 y 12 meses.
Asimismo, se establece un nuevo estándar sobre reservas de aparcamiento para las VPP, situando el número de plazas en una por vivienda. No obstante, se respeta la autonomía local, permitiendo a los ayuntamientos decidir su aplicación en su término municipal, así como establecer condiciones adicionales o definir los ámbitos territoriales para su implementación.
