Todos los años por estas fechas nos toca "la dolorosa", hacer la declaración de la renta, el IRPF. La manera de financiar todos los servicios que recibimos, de ser solidarios con los que menos tienen, de garantizar el estado del bienestar, esa obligación moral de no dejar atrás a nadie.
No lo conseguimos, no importan las causas. Aproximadamente el 26 por ciento de la población española, unos 13 millones de personas como usted y como yo, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que coloca a España como uno de los países de la Unión Europea con mayores índices de desigualdad y pobreza.
Más de tres millones de españoles, también muchos miles de inmigrantes viven con ingresos inferiores al 30 por ciento de la mediana. Cerca de uno de cada tres niños vive al borde la pobreza, una tasa que supera el 28 por ciento del total. El 50 por ciento de la población posee el 6 por ciento de la riqueza mientras que el 5 por ciento concentra el 43 por ciento y un 1 por ciento acumula el 26 por ciento de la riqueza total. España 2026. La vivienda es un problema grave y olvidado, los salarios son muy inferiores a lo imprescindible, la presión fiscal ha crecido muy por encima de lo razonable y la pobreza laboral sigue demasiado presente. Con un "Gobierno de progreso".
Aunque la responsabilidad no es sólo de ellos, podrían haber hecho mucho más para reducir esta brecha. Por eso hay que pagar impuestos y exigir que lo recaudado se gaste bien y de forma transparente. En esa declaración de la renta, hay una opción que ningún gobierno se ha atrevido a ampliar. Los ciudadanos podemos decidir que una pequeñísima parte de nuestros impuestos se destine a la labor que realiza la Iglesia católica y a la que practican las ONG. Dos casillas que podían ser algunas más y decidir los ciudadanos la financiación de algunas otras entidades o instituciones como, por ejemplo, los sindicatos o los partidos políticos.
No lo harán, pero sería bueno. No es solo subir el salario mínimo. Es gastar con eficiencia. De antemano, les pido que este año, cuando hagan la declaración, marquen las dos casillas. No supone ningún gasto más para cada ciudadano. Es solo un mandato a quienes nos gobiernan para que gasten al menos un 0,7 en lo que sabemos que va a llegar a las personas en riesgo. La de las ONG porque, aun con excepciones, hay muchas que bajan al barro para proteger a las personas y darles oportunidades de supervivencia. La de la Iglesia católica porque sin su labor y la de sus oenegés, especialmente Caritas, la situación social será prácticamente insostenible.
Porque sus 22.922 parroquias y sus instituciones practican la hospitalidad en tiempos de hostilidad. Porque sus 9.060 centros sanitarios y asistenciales, hospitales, ambulatorios, casas para ancianos, enfermos crónicos, mujeres en riesgo y personas con discapacidad atienden a casi cuatro millones de personas cada año. Con más de 75.000 voluntarios. Porque sus 2.527 centros educativos y sus 110.000 docentes educan a casi dos millones de alumnos y ahorran al Estado, es decir a todos los españoles, más de 5.000 millones al año. Porque todo ese gasto está auditado y es transparente.
No son palabras. Los programas de inclusión laboral de Caritas han facilitado el acceso al empleo a 14.639 personas en 2025 y recursos para comer, pagar una habitación o la luz a cientos de miles de personas. La Iglesia catalana ha cedido inmuebles y solares a la Generalitat para la construcción de viviendas sociales. En Valencia, una comunidad religiosa ha habilitado la mitad de su convento para familias sin hogar. En una parroquia del madrileño barrio de Tetuan han creado el Centro Pueblos Unidos para atender a los desfavorecidos.
En Valladolid, nueve instituciones religiosas han creado la Red Incola (habitante) que ya se ha extendido a otras cinco ciudades y que son laboratorios de hospitalidad. En la tragedia de Adamuz o en la dana, las parroquias estuvieron en la zona cero, en medio de la gente y fueron hospitales de campaña. Son fundaciones, como Gizaide en San Sebastián, acompañando la salud mental de mujeres con trastornos graves. Son miles de jubilados enseñando español a inmigrantes después de terminar su trabajo o a mujeres que no saben expresarse cuando van al médico, dando clases y ayudando en barrios deprimidos de Cataluña o en los invernaderos de Almería. La lista es interminable, activa y efectiva.
VOX ha amenazado con dejar fuera de las subvenciones a organizaciones como Cáritas que acojan a inmigrantes irregulares. Da igual. Lo seguirán haciendo porque no se puede dejar solas a las personas en riesgo, sean nacionales o inmigrantes. Marquen las dos casillas. Este año con más firmeza. Necesitamos soluciones, solidaridad, no echarnos la culpa unos a otros y menos aún a los que son víctimas. La gente de a pie demuestra cada día que está por encima de las batallas, políticas y de las otras. Marquen las dos casillas. "Voten" por las personas que no tienen ni siquiera esperanza.
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