
Claro que no diré yo que estamos a punto de caer en un Estado fallido ni ninguna de esas afirmaciones, tan catastrofistas, casi tan guerracivilistas, con las que nos zaherimos ocasionalmente los habitantes de una de las dos Españas, o de las dos. Pero sí le voy a decir a usted que un observador llegado de no tan lejos bien podría pensar que nos precipitamos hacia una definición de país ingobernable. Y por supuesto que no hablo solamente del caos desatado por la imprevisión y la ceguera gubernamentales en Ceuta, aunque también, por supuesto. Pero hay muchos otros ejemplos en casi todos los órdenes.
Una democracia ha de asentarse sobre una vida parlamentaria sólida y sobre acuerdos básicos que hagan funcionar los basamentos del Estado: Exteriores (incluyendo inmigración), educación, justicia, energía, sanidad, impuestos, vivienda, por citar los más urgentes y esenciales, aunque haya muchos más. Pensar que gobernar consiste en atacar sistemáticamente a la oposición y viceversa es un profundo error que nos aleja cada día más de aquellos ejemplares pactos de La Moncloa que cimentaron la Constitución y pusieron en marcha la Transición, ahora también denostada como tantas partes de nuestra mejor Historia.
Ninguno de los acuerdos mínimos arriba citados existe hoy en España, una nación deteriorada territorialmente, en la que incluso desde partidos que apoyan al Gobierno central se cuestiona la forma de Estado y con un Gobierno de PSOE y Sumar que en su seno lleva ya el fraccionamiento, y véase, si no, la última polémica sobre la pervivencia de las centrales nucleares.
Y ahora nos enfrentamos a qué hacer para 'recolocar' a al menos un millar largo de jóvenes inmigrantes, esos menores no acompañados que, por ley, deberían ser consensuadamente acogidos por las comunidades autónomas. Al menos tres de ellas, en las que los pactos entre el PP y Vox han dado las competencias de inmigración a este último partido, ya han dicho que no acudirán a la llamada del Gobierno central, si se quiere tardía y mal planteada, para llegar a un acuerdo sobre este reparto humanitario, que, desde luego, es mucho más que eso. La coordinación entre el Gobierno central y las Comunidades autónomas sigue siendo una entelequia, deseable pero ahora imposible.
Porque todo nos lleva a pensar que esa tan perceptible ingobernabilidad del país a cuenta de un Ejecutivo solo pendiente de perpetuarse en un poder inestable se prolongará en el futuro si los pactos PP-Vox alcanzan, como es previsible, rango nacional. Una normativa electoral claramente inadecuada para nuestro país nos aboca constantemente a esos 'extraños compañeros de cama' (Churchill dixit) que ya han caracterizado, con aquel pacto 'Frankenstein' (Pérez Rubalcaba dixit) tras la moción de censura contra Rajoy, los últimos ocho años de la vida política española.
Pero, claro, cualquier acuerdo de modificación constitucional (o simplemente legal) que hiciese variar en lo necesario, que es mucho, esta normativa electoral es, hoy por hoy, imposible. Si no se hablan nuestros principales agentes políticos ni para darse los buenos días ¿cómo esperar pactos constructivos de cualquier tipo? Y así, nos echamos primero en brazos de Podemos, luego de Sumar, próximamente de Vox, pasando antes, desde luego, por Junts, Esquerra, Bildu o un PNV cada día más desinteresado en la supervivencia del Estado y más pendiente, en cambio, de ganar a Bildu la carrera electoral.
Esto es lo que hay y lo que se traduce cada día, en la práctica, en un mal funcionamiento de la democracia española, del país. Desde la (im)puntualidad de los trenes hasta la menor eficacia en la lucha contra los incendios, pasando por las enormes quiebras en la seguridad, la sensación de ingobernabilidad se va extendiendo cada día. E insisto: no digo yo que todo vaya mal, lo que sería injusto. Digo, sí, que podría ir mejor, mucho mejor; pero, así tal como andamos, ni modo.
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