La 'fontanera' y su jefe

Se acumulan las sospechas de que la "fontanera" del PSOE, Leire Diez, era una recadera de Pedro Sánchez.

O sea, que habría sido él quien decretó el juego sucio contra los jueces, fiscales y policías que le estaban amargando la vida por atreverse a hurgar en asuntos relacionados con lo que este servidor de ustedes suele denominar "corrupción de cercanías".

Basta acercarse al testimonio del fiscal Leopoldo Stampa, uno de los contactados con Leire Diez como posible dispensador de trapos sucios, para advertir la gravedad de dicho testimonio es que retrata a esta señora, la "fontanera", como una mandada de Sánchez. Así se presentaba ella: una simple transmisora del juego sucio decretado por el jefe.

El relato es sórdido y desalentador. Incluye la consigna de hacer limpieza sin miramientos, "caiga quien caiga", en sectores funcionariales (servidores del Estado, al fin y al cabo) que hacían su trabajo perseguidor de conductas incompatibles con la moralidad en la vida pública.

Así las cosas, si Sánchez no desautoriza expresamente, urgentemente, contundentemente, a la "fontanera", entenderemos que es un virtuoso en el uso del juego sucio como una herramienta más de su firme voluntad de supervivencia en el poder. Con operaciones furtivas para desacreditar a fiscales (Luzón, Grinda), policías (Antonio Balas, de la UCO), jueces (García Castellón, Peinado) o periodistas o periódicos ("seudomedios"), que no marquen el paso de La Moncloa. A ver si de verdad tendremos "Gobierno de corrupción para rato", según la indeseada frase de Yolanda Díaz, la vicepresidenta, que triunfa en las redes sociales.

Se le complica la agenda política al Gobierno. Esta dosis de recuerdo sobre el juego sucio del sanchismo coincide con la creciente sospecha de que el PSOE se benefició a título lucrativo de la trama corrupta (Ábalos-Koldo-Cerdán) desvelada por la Guardia Civil. Las señales vienen de la caja B del partido a la vista del último auto del juez, Leopoldo Puente, y los informes de la UCO que hablan de cantidades no reflejadas en la documentación facilitada por Ferraz.

La sospecha crece en los ámbitos políticos y mediáticos. En vísperas de las deposiciones judiciales del exgerente del PSOE y una trabajadora de Ferraz, amén de la cita política del Presidente del Gobierno en la comisión Koldo del Senado, sobre el partido de Sánchez planea la sombra de la "financiación ilegal" (artículo 304 bis del Código Penal).

De momento los autos del juez y la policía judicial (Guardia Civil) hablan de "ingresos irregulares y opacos"). Y los efectos políticos pudieran ser los mismos que produjo la sentencia de la Audiencia Nacional (mayo 2018, confirmada por el Supremo en octubre 2020). Aquella que condenó al PP como "participe a título lucrativo" de la trama Gürtel y acabó políticamente con Mariano Rajoy.

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