Colaboraciones de opinión

Mientras seguimos pendientes de que unos jueces, que no saben de salud, y no los expertos, dictaminen cómo hay que gestionar esta segunda ola de la pandemia, 55 sociedades científicas, que representan a más de 170.000 profesionales sanitarios -los expertos de verdad- han hecho público en un diario de información nacional, un anuncio de pago, dirigido al presidente del Gobierno y a los de las 17 comunidades autónomas en el que denuncian que aunque ellos manden en la salud, tampoco saben y que deberían aceptar, de una vez, que las decisiones se tomen por criterios científicos desligados por completo del continuo enfrentamiento político.

Se preguntaba una alta funcionaria de la Organización Mundial de la Salud por las razones por las cuales España tiene muchos más rebrotes de coronavirus que los restantes países europeos y concluía que la Organización era incapaz de hallar las razones.

Y esto es el fracaso institucional contra la pandemia, la ineficacia de las medidas adoptadas, la lucha política y, sobre todo, partidista, que impide frenar los contagios. Como consecuencia de todo ello, y pese a la prometida ayuda europea, los organismos internacionales advierten de que la crisis económica española será catastrófica y sin precedentes.

La satisfacción con que el Gobierno y sus diversos portavoces recibieron los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de setiembre resulta obscena. El número de parados se redujo en 26.000 personas y los nuevos empleos subieron en poco más de 84.000.

Octubre, en su tercer aniversario de los sucesos tremendos de 2017, promete ser otra vez un mes políticamente aciago. Un viento de locura parece haberse instalado en los despachos políticos, mientras se constata el deterioro institucional que, comenzando por la Corona, ha padecido, está padeciendo, España en estos tres años.

El título de este artículo no es una simple figura retórica. Cuando el ya expresidente de la Generalitat, Quim Torra (ahora un simple juguete roto de Carles Puigdemont) hace sus llamamientos a la confrontación en nombre de la "ruptura democrática", está señalando el camino a sus caseras falanges macedónicas.

"Si perdemos este desafío, estarán en su derecho de mandarnos a casa". El desafío al que se refería con estas palabras el primer ministro italiano Giuseppe Conte es el plan de recuperación diseñado por el Gobierno de Roma para hacer frente a la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país tras el recrudecimiento de los brotes de la Covid-19.

Ayer, por primera vez en siete meses, me atreví a ir al teatro, en plena Plaza de Santa Ana, Madrid. Gentes que, como uno mismo, se sentían casi poseídas por un valor suicida simplemente por salir de casa, por escuchar las severas admoniciones por los altavoces -"la mascarilla en todo momento, no se puede salir de la sala hasta que se lo ordenen"-, aguantar sin toser toda la representación, no vaya a pensar alguien que.

Cuento entre mis amigos con varios jueces y abogados. Mi hija Calíope ejerció la abogacía -y una de sus amigas íntimas es juez- personalmente aprecio el Derecho, pero me hundo en la perplejidad, cuando no comprendo las resoluciones judiciales y sus manifiestas injusticias, que serán legales, pero son injusticias.

Isabel Diaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene sus defectos y ha cometido torpezas políticas de primer orden, pero no es Quim Torra y por ello ha optado, con buen criterio, por acatar la orden dictada por el Ministerio de Sanidad pese a no estar de acuerdo con su contenido.

Tras ocho años dedicados a la instrucción, juicio y redacción de una procelosa sentencia de más de 400 folios, la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a los 34 acusados por la desastrosa salida a Bolsa de Bankia.

Estos representantes nuestros nunca dejarán de sorprendernos. Resulta que está el país entristecido, con sensación de hallarse al borde del colapso, y en las instituciones madrileñas de lo que se debate es sobre la retirada o no de las estatuas de Indalecio Prieto y de Largo Caballero.

En España nos hemos cargado la presunción de inocencia y cualquiera es culpable incluso antes de ser acusado, investigado o imputado, aunque los jueces no hayan dicho la palabra final.

Escuchando a algunos de los diputados cuyo lenguaje delata vulgaridad y falta de recursos dialécticos se llega a la conclusión de que para ser dirigente de algunos de los partidos representados en la Cámara lo único que se necesita es mala educación.

Las sentencias judiciales se acatan, pero porque no queda más remedio, aunque, en puridad, los únicos obligados a acatarlas son los concernidos en ellas. El resto de la ciudadanía lo que puede hacer, en virtud del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión del mismo que le asiste, es proclamar su acuerdo o su desacuerdo con las resoluciones de los jueces, tantas veces falibles al provenir de criaturas humanas, tan propensas de suyo a equivocarse.

Nunca se pudo imaginar Ada Colau que, aupada a la alcaldía de Barcelona sobre los ladrillos de su movimiento en contra de los desahucios, se encontraría con que el presidente de la Generalitat se iría a transformar en un okupa.

Una ola de pesimismo documentado avanza en el sentir de la ciudadanía. Se generaliza la percepción de que la pandemia desborda la capacidad de respuesta de los poderes públicos.

Los bares no son imprescindibles; el personal sanitario, sí. Ahora y siempre. Sin embargo, los bares se abrieron, y quien dice los bares dice las discotecas, los garitos, los salones de bodas, comuniones y bautizos, los locales de juego y de apuestas, los chiringuitos o los "beach-club" donde se bebe el champán a gollete, en tanto que la contratación de personal médico y de enfermería se cerró a cal y canto, como si éste verano el virus se hubiera apuntado a la jarana y se hubiera olvidado de herir y matar.

El ministro de Justicia cuenta que el Gobierno decidió excluir al Rey del acto judicial en Barcelona el pasado viernes sobre todo por dos razones: por la cercanía del 1 de octubre, tercer aniversario de aquella triste jornada de falso referéndum y efímera declaración de independencia en Cataluña, y también ante la inminencia de la sentencia del Tribunal Supremo que, dicen que por unanimidad, confirmará la inhabilitación de Quim Torra como president de la Generalitat.

La ofensiva contra la Monarquía desplegada por los dirigentes de Podemos, partido que forma parte del Gobierno de España, no tiene precedentes. Es, en sí misma, un acto de deslealtad por cuanto tanto el vicepresidente Pablo Iglesias, como el ministro Alberto Garzón, al acceder al Gobierno prometieron cumplir las obligaciones del cargo con respeto a la Constitución y lealtad al Rey.

Los hechos son muy claros. Como todos los años, y desde hace 20 consecutivos el Rey, desde hace ya algunos Felipe VI, tiene previsto viajar a Barcelona al acto solemne de la Judicatura en que se hacen entrega de los despachos a la nueva promoción de jueces.

La próxima semana vencen los ERTE, la prestación por cese de actividad de los autónomos, las ayudas a los hipotecados y alquilados. También la fecha que la Constitución Fija para entregar en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado.

Ha sido la que ahora concluye una semana dramática, pródiga en malas noticias, en acontecimientos que han desestabilizado aún más el ya precario equilibrio político. El enfrentamiento ha enterrado cualquier brote de consenso; los contagios por el virus, sobre todo en Madrid, cabalgan incontrolados en medio del caos; y un aroma a indisciplina asfixia al Gobierno y, de paso, al país en su conjunto.

El alto porcentaje de tontos contemporáneos que existen en España por kilómetro cuadrado no está comprobado de manera empírica, pero se comienza a sospechar que, o bien ha habido un notable aumento en los últimos meses, debido a la pandemia, o puede ser debido a que un gran número de ellos se ha introducido en puestos públicos, y las tonterías contemporáneas son mucho más notorias por la relevancia que adquieren sus iniciativas a través de la tribuna que proporcionan las instituciones.