El Tribunal de Cuentas rechaza irregularidades en la sanidad madrileña

El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia del PSOE por "posibles irregularidades" en la gestión de los hospitales de la Comunidad de Madrid después de que el partido llevara ante este órgano fiscalizador la presunta condonación de más de 70 millones de euros a los grupos de sanidad privada Quirón y Ribera Salud.

Según el auto, el Tribunal de Cuentas no detecta que haya un "perjuicio patrimonial concreto" para las arcas públicas que sea "evaluable económicamente" en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Los socialistas se apoyaron en una información de 'eldiario.es' que apuntaba a que entre 2017 y 2023 se habría dejado de apuntar en el sistema de balance un total de 71,65 millones de euros en coste por tratamientos de pacientes que llegaron a hospitales públicos desde alguno de los cinco hospitales concertados.

Insuficiencia de pruebas para la acusación

En el escrito, el Tribunal de Cuentas expone que el PSOE "no individualiza, ni acredita siquiera indiciariamente un eventual perjuicio a los caudales públicos, más allá de la referencia del medio de comunicación citado a una supuesta condonación por la Comunidad de Madrid a los centros concertados". Aunque considera que la denuncia parte de "una inferencia racional", no se identifican "los indicios racionales de que pudiera haberse producido el menoscabo patrimonial cierto, actual y jurídicamente exigible que requiere la constatación de un alcance contable".

El tribunal señala que "el informe del que parte la denuncia no recoge importes o cuantías que permitan identificar un daño concreto o evaluar económicamente el impacto de esas disconformidades". Además, añade que es posible causa que "una parte apreciable de las solicitudes incumple los criterios del Manual de facturación intercentros".

Madrid y Fiscalía respaldan el archivo

Desde el Gobierno regional han resaltado que el archivo de las actuaciones coincide con la posición mantenida tanto por la Comunidad de Madrid como por el Ministerio Fiscal, "que solicitaron el cierre del procedimiento al no apreciarse responsabilidad contable alguna en relación con el sistema de facturación intercentros". La Administración regional ha reivindicado que la decisión "confirma que la actuación de la Comunidad de Madrid se ha ajustado en todo momento al marco normativo vigente".