
El Tribunal de Cuentas expondrá este martes sus conclusiones sobre la "situación financiera crítica" de Casa Árabe tras la gestión de Irene Lozano.
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, comparecerá este martes ante la comisión mixta de relaciones con el organismo fiscalizador para explicar el informe sobre la "situación financiera crítica" que atraviesa Casa Árabe, origen del enfrentamiento que enfrenta desde hace meses al Ministerio de Asuntos Exteriores con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.
El informe abarca los ejercicios 2023 y 2024, periodo en que dirigió la entidad Irene Lozano, ex diputada del PSOE. El Tribunal de Cuentas concluye que "la entidad se encuentra en una situación financiera crítica que afecta a su viabilidad, debido a los déficits anuales continuados y a las importantes deficiencias del inmueble de Madrid, lo que obliga a adoptar medidas urgentes para solventarlo".
El documento detalla resultados negativos recurrentes, próximos al millón de euros anuales, con gastos de gestión ordinaria de 3,2 millones de euros en 2023 y 3,3 millones en 2024, cubiertos mediante el remanente de tesorería. El informe advierte además de que, si hubiera que afrontar alguno de los gastos urgentes derivados de las "importantes deficiencias en las cubiertas, tejado, humedades y sistema de climatización" que presenta su sede madrileña en las Escuelas Aguirre, "el remanente se agotaría en 2026".
Conocido el contenido del informe, la Comunidad de Madrid —integrante del consorcio público junto con Exteriores, el Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba— anunció su retirada. En la carta de notificación, el Ejecutivo autonómico señaló que llevaba tiempo observando "con preocupación" una "serie de dinámicas" que consideraba "incompatibles" con los principios que "deben prevalecer en toda entidad pública".
El Gobierno regional sostuvo que el informe del Tribunal de Cuentas "viene a confirmar" sus dudas sobre la gestión de Irene Lozano al frente de la institución, marcada por "decisiones y actuaciones que han repercutido negativamente en la credibilidad de la institución".
Lozano respondió con un comunicado en el que negó tajantemente que pueda atribuírsele ninguna "traza de corrupción" durante su etapa como directora general de Casa Árabe, cargo que abandonó en febrero de 2025, y anunció que acudiría a los tribunales si fuera necesario para defender su reputación.
La también exdiputada socialista tachó la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de abandonar el consorcio de "una decisión política" y sostuvo que el déficit alegado como justificación era "estructural desde el año 2012 y tiene su origen en los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, tras la crisis financiera y económica".
El Ayuntamiento de Madrid optó por permanecer en el consorcio, aunque advirtió de que se mantendría "vigilante". La tensión volvió a escalar en junio, cuando el alcalde, José Luis Martínez Almeida, anunció su intención de recuperar el edificio que alberga la sede de la institución.
El Consistorio dio a Exteriores hasta el 1 de septiembre para desalojar las Escuelas Aguirre, alegando el mal estado del inmueble y la gestión desarrollada durante la etapa de Lozano. A lo largo de julio se produjeron contactos para intentar desatascar la situación, incluida una llamada entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el propio Almeida, sin que se lograra ningún acuerdo.
El 1 de septiembre, Almeida acusó a Exteriores de "ocupación ilegal" del edificio al no haber procedido al desalojo, acusación que el departamento de Albares rechazó. Un mes después, el impás persiste. El Ayuntamiento denuncia que Exteriores se niega a convocar el Consejo Rector que permitiría abordar la cuestión; el Ministerio, por su parte, argumenta que Madrid solo puede retirar su aportación al consorcio si otro de los miembros hace lo propio, y señala que la salida de la Comunidad de Madrid, anunciada hace meses, sigue sin formalizarse.
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