La Audiencia Provincial de Madrid ha determinado que el Partido Socialista Obrero Español vulneró el derecho fundamental de asociación del expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, al dilatar injustificadamente el procedimiento interno que derivó en su suspensión de militancia. Así lo recoge una sentencia que estima parcialmente la demanda presentada por el veterano dirigente socialista, expulsado del partido a finales de 2022 por expresar críticas a la dirección del PSOE y apoyar públicamente opciones políticas alternativas.
El tribunal considera que la medida disciplinaria adoptada contra Leguina pudo estar justificada en función de los Estatutos del partido, pero censura que el proceso se alargara sin justificación y sin un horizonte claro para su resolución. "Que en el Reglamento no se contemple un plazo específico no puede servir de excusa", advierten los magistrados, subrayando que esta indeterminación coloca al afiliado en una situación de incertidumbre que le impide ejercer con normalidad su derecho de asociación.
A juicio de la Sala, el PSOE incurrió en una infracción por mantener de forma indefinida una suspensión que, por su propia naturaleza, solo puede ser temporal. La ausencia de plazos máximos en los Estatutos y Reglamentos internos deja la puerta abierta, según el fallo, a que el instructor del expediente incurra en una “inactividad” que de facto equivale a una expulsión indefinida. Este vacío normativo es, para el tribunal, responsabilidad exclusiva del partido, que ha colocado a Leguina en una situación de indefensión.
La sentencia descarta, sin embargo, las pretensiones de Leguina contra el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la dirigente Marta López, a quienes el demandante acusaba de haber actuado con intencionalidad y solicitaba una compensación por daños morales. Los jueces no aprecian dolo por parte de los responsables del proceso disciplinario, aunque recalcan que la cuestión de fondo es el modo en que se desarrolló la instrucción, no la suspensión en sí misma.
La resolución judicial supone un revés para la dirección socialista en un momento de creciente disenso interno y pérdida de referentes históricos. Leguina, uno de los fundadores del socialismo madrileño y primer presidente autonómico tras la Transición, se convirtió en una figura incómoda para la actual cúpula del partido por sus posturas críticas y su cercanía a posicionamientos alejados del discurso oficial del PSOE. Tras la sentencia de primera instancia, que desestimó su demanda, decidió recurrir ante la Audiencia Provincial, que ahora le ha dado la razón parcialmente.