La Audiencia de Madrid juzga una trama de estafa hipotecaria contra personas vulnerables

La Audiencia Provincial de Madrid celebra este lunes un juicio contra ocho personas y varias sociedades mercantiles acusadas de haber participado en una presunta trama de estafa hipotecaria continuada que habría operado entre los años 2006 y 2012, afectando a decenas de personas en situación de extrema vulnerabilidad económica.

En su escrito de acusación el fiscal considera que los acusados incurrieron en un delito continuado de estafa agravada, solicitando para el principal procesado una pena de ocho años de prisión y multa de 24 meses, y penas de hasta siete años de cárcel para varios de los intermediarios.

Para otros acusados, las penas solicitadas alcanzan los cuatro años de prisión. Además, se reclaman importantes responsabilidades civiles, tanto a título personal como de forma subsidiaria a las empresas implicadas, para resarcir a las víctimas por las cantidades que se determinen en ejecución de sentencia.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, el principal acusado, administrador único de las mercantiles IRISAN Hipotecas S.L., IRISAN Gestión Hipotecaria S.L. y TRIA A.I.L.V. S.L., habría diseñado y dirigido presuntamente "un entramado financiero basado en la concesión de préstamos con garantía hipotecaria bajo condiciones abusivas y engañosas".

La Fiscalía sostiene que el principal procesado lanzó una intensa campaña publicitaria con mensajes como "dinero rápido", "créditos en un día" o "cancelamos embargos", dirigida a personas con graves dificultades económicas y necesidad urgente de liquidez.

Una vez captadas las víctimas, la operativa se apoyaba en intermediarios que negociaban y formalizaban los préstamos. De acuerdo con la acusación, los perjudicados acudían a notarías convencidos de que recibirían una determinada cantidad de dinero, pero en el momento de la firma se encontraban con escrituras que no reflejaban lo pactado.

El Ministerio Público subraya que, en numerosos casos, las cantidades que figuraban como entregadas en metálico nunca fueron abonadas realmente, pese a constar recibís firmados.

Además, las letras de cambio eran endosadas de inmediato a sociedades vinculadas al principal acusado o a personas de su entorno, lo que impedía a las víctimas saldar la deuda y generaba automáticamente intereses de demora desproporcionados. Esta mecánica desembocaba, según la Fiscalía, en ejecuciones hipotecarias que permitían a los acusados adjudicarse viviendas por valores muy inferiores al de mercado.

La causa recoge decenas de operaciones concretas, con préstamos que oscilaban entre los 15.000 y los más de 80.000 euros, en los que los afectados solo llegaban a recibir una parte mínima del dinero comprometido, perdiendo en muchos casos su vivienda habitual tras no poder afrontar los pagos.