Los afectados por la línea 7B del Metro inician la batalla judicial
La semana arranca con el inicio del proceso judicial que enfrenta a varios vecinos de San Fernando de Henares con la Comunidad de Madrid a causa de las indemnizaciones percibidas por el derribo de sus viviendas, consecuencia de las afecciones provocadas por las obras de la Línea 7B de Metro.
El procedimiento contencioso-administrativo, que agrupa un total de 28 demandas, será juzgado por la Sección Décima del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), cuyas vistas se celebrarán durante toda la semana, salvo el miércoles.
Este lunes se ha fijado la tasación pericial de las viviendas como primer paso del juicio. Los actos procesales tendrán lugar a partir de las 10:00 horas en el salón de actos del tribunal, en sesiones abiertas al público. El viernes se realizarán las pruebas psicológicas solicitadas por la representación legal de los afectados, quienes sostienen haber sufrido un daño moral considerable, al margen de las pérdidas materiales.
Reclamaciones vecinales por compensaciones “insuficientes”
Desde la Asociación de Afectados Rafael Alberti y Presa se critica con dureza el método de cálculo utilizado por la administración regional, al considerar que se ha aplicado una estimación homogénea sin tener en cuenta variables clave como la superficie útil de las viviendas. Según denuncian, las cantidades ofrecidas resultan muy inferiores al valor real de los inmuebles, algo que consideran injusto.
En declaraciones a los medios, el presidente de la asociación ha señalado que la respuesta institucional ha sido claramente insuficiente, comparando la situación con el caso del barrio del Carmel en Barcelona en 2005, cuando un colapso en las obras del metro forzó el desalojo de más de 500 viviendas. A juicio de los afectados madrileños, el trato recibido en su caso es menos favorable y no se ha reconocido el perjuicio emocional ni las pérdidas totales sufridas por algunas familias.
Petición de indemnizaciones ajustadas al mercado
Las indemnizaciones ofrecidas por el Gobierno regional oscilan entre los 136.000 y los 355.000 euros, con complementos adicionales de entre 10.000 y 33.000 euros por plazas de garaje. Sin embargo, los vecinos consideran que estas cantidades no se ajustan al precio real del mercado, ya que adquirir una vivienda similar en la misma zona podría costar en torno a 250.000 euros, sin contar con otros gastos derivados del desalojo.
Alejandro Escribano, portavoz de la Plataforma 7B Afectados por Metro, ha afirmado que este juicio representa “uno de los primeros pasos para exigir justicia ante los tribunales” y ha anticipado que más personas acudirán a la vía judicial en los próximos meses. Desde la plataforma aseguran que recurren a los tribunales ante la falta de soluciones políticas eficaces por parte del Ejecutivo autonómico.
La Comunidad defiende sus criterios técnicos
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha defendido que los expedientes de responsabilidad patrimonial se han tramitado conforme a criterios jurídicos y técnicos. Según han informado, las valoraciones se han realizado con informes elaborados por empresas homologadas por el Banco de España. Estos informes incluyen no solo el valor de la vivienda, sino también los perjuicios derivados del desalojo, el coste de mudanzas, guardamuebles, la pérdida de bienes y enseres, así como el daño moral y el lucro cesante.
Desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras han subrayado que los afectados tienen pleno derecho a emprender acciones legales si consideran que las valoraciones son injustas. Asimismo, han manifestado que el Gobierno autonómico respeta tanto la voluntad de los vecinos con el proceso judicial en curso.
