Serrano tacha de "jugarreta" la ley de nietos y alerta de un riesgo real de alterar el censo electoral

Alejandro Moreno Política Madrid 30 Junio 2026 09:52 Última actualización: 30 Junio 2026 10:40

Sigue a MadridActual en Google

Serrano advirtió de que solo en Buenos Aires se han apuntado 600.000 argentinos para obtener la nacionalidad española, lo que podría suponer, a su juicio, unos 120.000 nuevos electores vinculados a Madrid sobre el censo actual.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha tildado de "jugarreta" la ley de nietos, que concede la nacionalidad a los descendientes de exiliados, y ha pedido a los diplomáticos en consulados y embajadas que "velen por la seguridad" del proceso de nacionalización. Lo dijo este martes antes de asistir al Debate de Estado de la Ciudad de Madrid, un día después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, avisara de que los cónsules estarían "haciendo algo ilegal" si dan la nacionalidad "a quien no la merece".

Serrano cargó contra las "prisas" del Gobierno, al que acusó de estar "contratando a marchas forzadas" porque toda persona nacionalizada antes del 31 de diciembre "tendrá derecho a voto en las autonómicas y generales". "Parece que el Gobierno tiene mucha prisa en que tengan ese derecho a voto", señaló, y reclamó que el Ejecutivo explique cómo es ese proceso de nacionalización y si es cierto que una persona "sin ningún tipo de prueba puede convertirse prácticamente en español" solo con "algún tipo de pasaporte o libro de familia caducado".

Como ejemplo de la magnitud del proceso, citó el caso de Argentina: antes de la ley, había 36.000 hispanoargentinos vinculados a Madrid, el 18% del Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA). "Se han apuntado solo en Buenos Aires 600.000 argentinos para ser españoles. Eso supondría, manteniendo el porcentaje, otros 120.000 para Madrid", apuntó. Serrano subrayó que existe "un riesgo real" de que se pretenda alterar el censo electoral "por la puerta de atrás" e insistió en que los cónsules, como responsables políticos y administrativos, no deben sentirse "ofendidos" por pedirles que garanticen la seguridad del proceso.