Sanz resta importancia a la causa reabierta sobre las residencias: “Las denuncias anteriores han acabado igual”
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha respondido este viernes a las preguntas de la prensa sobre la reapertura de la causa judicial contra dos altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid por la gestión en residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia.
La también portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias ha minimizado el alcance del caso, recordando que “las decenas de denuncias que se han interpuesto en ese sentido han acabado de la misma manera”, en referencia a los sobreseimientos previos.
“Entiendo que en este caso también va a ser así”, ha afirmado con escueta contundencia antes de asistir al acto institucional por el Día del Pueblo Gitano en la capital. Con estas declaraciones, Sanz se ha alineado con la postura de prudencia institucional que ha caracterizado a los representantes del Partido Popular ante el avance de una instrucción judicial que ha generado un notable eco político y mediático.
El pasado jueves se confirmó que el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados el próximo lunes 26 de mayo a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, altos cargos de la Consejería de Sanidad durante los momentos más duros de la crisis sanitaria por la Covid-19. Mur, entonces director general de coordinación sociosanitaria, firmó los protocolos que impedían derivaciones hospitalarias desde residencias. Por su parte, Peromingo, que coordinaba 47 centros residenciales del área de Móstoles, fue su sucesor en el cargo tras el cese de Mur en mayo de 2020.
La causa se reabre a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, que ha actuado tras recibir una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas fallecidas en residencias, coordinada por las asociaciones Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia. Los denunciantes acusan a los responsables del Gobierno regional de haber incurrido en un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal.
La denuncia colectiva fue registrada en octubre de 2024 y recoge testimonios directos de familiares que han acudido en los últimos meses a declarar ante la Fiscalía. El Ministerio Público ha solicitado que se investigue a los responsables intelectuales y firmantes de los protocolos, entre ellos Mur y Peromingo, al considerar que su actuación pudo vulnerar los derechos fundamentales de los residentes afectados.
En total, hay en curso 92 procedimientos relacionados con hechos similares, varios de ellos en fase de instrucción, y otros tantos a la espera de resolución sobre su admisión. La mayoría de los casos anteriores acabaron archivados, como ha recordado Inma Sanz, pero esta es la primera vez que un juzgado acepta la petición de la Fiscalía de reabrir un procedimiento cerrado previamente.
