El Gobierno regional defiende su gestión en las residencias
la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido este viernes a la imputación de dos antiguos responsables de su Gobierno por su implicación en los protocolos sanitarios aplicados en residencias de mayores durante la pandemia. Desde Pozuelo de Alarcón, donde ha visitado las obras del nuevo Centro de Salud Cerro de Los Gamos, la presidenta ha declarado que la reapertura del caso obedece a un cambio de criterio del Ministerio Fiscal y ha insistido en que se trata de un asunto “ya archivado hace tres años”.
“Ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo. Es toda la información que tengo”, ha señalado Ayuso ante los medios, sin entrar en más valoraciones. La declaración se produce tras conocerse que el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado a declarar este lunes 26 de mayo a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ambos con responsabilidad en la coordinación sociosanitaria del Ejecutivo regional durante la primera ola de la Covid-19.
Carlos Mur, quien firmó los protocolos de no derivación hospitalaria en marzo de 2020, ocupaba entonces la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria. Le sustituyó en mayo del mismo año Francisco Javier Martínez Peromingo, geriatra de referencia en el área del Hospital de Móstoles. La causa, archivada de forma provisional hace casi tres años, se reabre ahora tras una denuncia colectiva presentada por 109 familiares de residentes fallecidos durante la pandemia, canalizada a través de las asociaciones Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia.
Ambos exaltos cargos deberán comparecer como investigados ante el juzgado madrileño en una causa que, por primera vez, dirige la instrucción judicial directamente hacia los responsables políticos y técnicos de las decisiones adoptadas en el primer nivel de la atención sociosanitaria.
Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que encabeza Ana Dávila, también se han pronunciado este viernes. Fuentes oficiales del departamento han recordado que “más de 60 procedimientos ya han sido archivados por los juzgados” en relación con la gestión de las residencias durante la primera ola del coronavirus.
Asimismo, la Consejería ha destacado que las actuaciones del Gobierno regional “han sido avaladas por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y otras nueve sociedades médicas”. Han reiterado su respeto a las diligencias que considere necesarias el juzgado, pero han insistido en que la postura jurídica y sanitaria de la Comunidad de Madrid ha recibido apoyo profesional cualificado.
La reapertura de esta causa se produce en un contexto de amplio debate sobre las decisiones adoptadas en materia sociosanitaria durante la pandemia, especialmente en los centros de mayores, donde se concentró una parte significativa de la mortalidad registrada. Mientras tanto, las asociaciones de víctimas mantienen su exigencia de esclarecer lo ocurrido, especialmente tras cinco años de los hechos.
