La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha reclamado este miércoles la necesidad de reformar el Código Penal para dotar a las fuerzas de seguridad de mayores herramientas frente a la delincuencia, especialmente ante fenómenos crecientes como la okupación de viviendas, la utilización de menores para delinquir y la violencia asociada a bandas organizadas.
Durante sus declaraciones, Sanz ha sido tajante al señalar que resulta inaceptable que, en un Estado de Derecho, “tenga que ser una empresa privada quien haga esa desocupación y que no lo puedan hacer las fuerzas de seguridad”. Ha recordado que en la ciudad de Madrid se han producido desalojos recientes que ilustran la ineficacia del marco legal actual, y ha instado a implementar cambios legislativos urgentes que permitan a la Policía actuar con agilidad. La propuesta pasa por permitir el desalojo de okupas en un plazo máximo de 48 horas.
La responsable de Seguridad del Consistorio madrileño ha abordado también el problema de la multirreincidencia y el uso de menores por parte de organizaciones criminales. Sanz ha subrayado que la ley debe ser más firme ante quienes utilizan a adolescentes como escudos penales para burlar la acción de la justicia, así como frente a quienes reinciden sin consecuencias proporcionales.
En este sentido, ha abogado por un endurecimiento de las penas vinculadas a la pertenencia a bandas delincuenciales, sobre todo en lo referido a las jerarquías que orquestan las acciones delictivas, así como por un refuerzo punitivo en la tenencia y uso de armas blancas.