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La Comunidad de Madrid acusa al Gobierno de bloquear la repatriación de menores con conductas problemáticas
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha denunciado este lunes la “inactividad total” de la Delegación del Gobierno en la tramitación de los expedientes de repatriación de menores extranjeros no acompañados con graves problemas de adaptación. Según ha señalado, desde el pasado mes de abril, el Gobierno central mantiene paralizados 58 expedientes presentados por la Comunidad sin haber ofrecido ninguna explicación ni respuesta formal.
Durante una visita al Centro Ocupacional, de Formación, Oportunidades e Inserción Laboral (COFOIL) de Fuenlabrada, Dávila ha censurado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, por “no hacer absolutamente nada” en relación con estos menores que presentan conductas cada vez más disruptivas y dificultan tanto su integración como la convivencia en los centros de acogida. “Los expedientes están completamente fundamentados con informes técnicos que aconsejan la reunificación familiar en origen como medida más favorable para su desarrollo personal y social”, ha afirmado.
Ante esta situación, la consejera ha remitido una carta formal a Francisco Martín exigiendo el inicio inmediato de los procedimientos de retorno y reclamando una respuesta concreta sobre el estado de los trámites. Ha recordado que la repatriación, cuando procede, tiene como objetivo prevenir situaciones de riesgo como la trata, el consumo de drogas o los conflictos dentro de los propios centros de protección.
Además, ha exigido una coordinación efectiva entre administraciones y ha advertido que, si se produjeran incidentes graves derivados de esta inacción, “la responsabilidad recaerá sin duda en la Administración competente por haber desatendido sus obligaciones, pese a las reiteradas advertencias de este Gobierno regional”.
La consejera ha subrayado que desde 2018 la Comunidad de Madrid ha atendido a más de 11.000 menores extranjeros no acompañados, de los cuales 1.532 han llegado solo en lo que va de año. En cambio, ha criticado que el Gobierno central no haya iniciado “ni un solo expediente de oficio” y que se limite a hacer requerimientos que, según Dávila, no son de su competencia o ya constan en otros órganos ministeriales.
También ha reclamado reforzar la vigilancia en el exterior de los centros de menores para garantizar la seguridad de los residentes y del resto de ciudadanos, ante el colapso que, a su juicio, sufren estos recursos. “Llevamos dos años exigiendo al Gobierno que actúe frente a esta llegada masiva y estos repartos disimulados y forzosos, que están poniendo en riesgo la protección de los propios menores y la seguridad de los trabajadores”, ha advertido.
