Radiografía de la ‘okupación’ en Madrid: 9.000 viviendas tomadas y más de 4.000 llamadas al 112
La Comunidad de Madrid registra actualmente unas 9.000 viviendas ocupadas ilegalmente, una cifra que refleja la magnitud del fenómeno de la ‘okupación’ en la región.
Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico ha habilitado el servicio 112 Ocupación, que ha recibido hasta la fecha 4.200 llamadas correspondientes a 219 ciudadanos.
Así lo ha informado la viceconsejera de Justicia y Víctimas, María del Carmen Martín García-Matos, en una reciente comparecencia en la Asamblea de Madrid. Según explicó, gracias a este servicio se ha podido evitar la ‘okupación’ o facilitar el desalojo en 42 casos.
Asistencia jurídica y defensa del domicilio
Martín García-Matos defendió que la ‘okupación’ no solo constituye un delito, sino que atenta contra un derecho fundamental recogido en la Constitución: la inviolabilidad del domicilio. En su intervención, destacó que “las víctimas del delito de ocupación tienen los mismos derechos que cualquier otra víctima” y que muchas de ellas son personas mayores de 65 años, cuyos ingresos por alquiler son clave para complementar sus pensiones o pagar hipotecas.
En este contexto, justificó la firma de un protocolo con los colegios de abogados y procuradores para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a las personas afectadas por la ‘okupación’.
Críticas desde la oposición: “una campaña propagandística”
Sin embargo, no todos comparten esta visión. El diputado de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, ha criticado duramente la utilidad del 112 Ocupación, asegurando que “llama poquísima gente” y acusando al Gobierno regional de carecer de un estudio riguroso que sustente su existencia, calificándolo de “invento propagandístico”.
Además, ha arremetido contra el uso del término “inquiokupación”, que, en su opinión, no es más que una nueva etiqueta para referirse a situaciones de morosidad. También cuestionó que se destine asistencia jurídica gratuita únicamente a los propietarios afectados por ocupación, dejando fuera a otros colectivos vulnerables.
“¿Por qué no promocionan la mediación? ¿Por qué no ofrecen alternativas habitacionales en casos de vulnerabilidad?”, inquirió, sugiriendo que el enfoque del Ejecutivo se centra más en proteger el derecho a la propiedad que en atender la raíz social del problema.
Debate abierto entre derechos y medidas
Este intercambio refleja un debate cada vez más presente en la agenda política madrileña: cómo conjugar el derecho a la propiedad con la protección de los más vulnerables. Mientras el Gobierno regional apuesta por medidas de defensa jurídica y rápida actuación contra la ocupación, desde la oposición se reclama una mirada más social, basada en el estudio de las causas y en la mediación.
La radiografía actual de la ‘okupación’ en Madrid no deja lugar a dudas: se trata de una problemática compleja que enfrenta visiones políticas divergentes sobre cómo proteger derechos fundamentales y garantizar la estabilidad social.
