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El Canal de Isabel II bonificará el 80% de la tarifa del agua a los afectados por incendios forestales
El Consejo de Administración del Canal de Isabel II ha dado este martes 'luz verde' a la modificación de la orden de tarifas de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización del agua para bonificar los recibos de aquellas personas afectadas por los incendios forestales, una medida que quedará establecida de forma permanente para futuras situaciones similares.
Así, los beneficiados por la medida verán reducido en un 80 por ciento el importe de la parte variable de su tarifa durante un año con el objetivo de "paliar le impacto económico y los daños materiales" ocasionados por los incendios en sus fincas o locales, según ha destacado en un comunicado el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que anunció esta propuesta en verano tras el incendio forestal que arrasó casi 2.000 hectáreas en Tres Cantos.
El Canal de Isabel II estima que unas 60 personas puedan beneficiarse de la medida, y para ello deberán ser titulares de un contrato de abastecimiento de agua con la empresa pública que se hayan visto afectados por un incendio forestal que llegara a alcanzar la situación operativa 2 o superior. El descuento podrá solicitarse dentro de los seis meses posteriores a la declaración del incendio y será compatible con el existente por exención social.
El objetivo de esta medida pasa por permitir que los afectados puedan volver a la normalidad "en el menor tiempo posible" y, del mismo modo, contribuir a mantener la actividad económica de las zonas dañadas. Canal de Isabel II ya estableció hace tres décadas bonificaciones en las tarifas de colectivos vulnerables, así formas de pago para quienes afrontan dificultades económicas.
De hecho, según datos de la Comunidad de Madrid, a finales de 2024 casi 65.000 contratos de agua contaban con algún tipo de bonificación, lo que beneficiaría a unas 300.000 personas. El Canal de Isabel II ya aplica descuentos por exención social, por pensión de viudedadocn rentas inferiores al salario mínimo, por familia o vivienda numerosa, y por ocupación ilegal de vivienda.
