La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha defendido este lunes en Valdemoro la continuidad de centros de acogida de menores como el de La Cantueña, en Fuenlabrada, frente a los macrocentros de migrantes como el de Alcalá de Henares, que acumula 1.400 residentes y cuya clausura ha reclamado el Ayuntamiento alcalaíno.
Dávila ha subrayado que en La Cantueña “se trabaja para la integración de los menores” y ha recordado que atender a los menores no acompañados es “una obligación legal”. Sí ha reconocido que se reforzó la seguridad del centro tras los altercados de los últimos meses, aunque ha marcado distancia con el modelo de Alcalá, al que ha acusado de “hacinamiento y abandono”.
La consejera ha expresado el apoyo del Gobierno regional a la petición de la alcaldesa de Alcalá, Judith Piqué, que solicitó por carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el cierre del CAED de la localidad. “No se pueden seguir abriendo esos centros hacinando a miles de personas para luego dejarlas abandonadas a su suerte. Hemos pedido cerrar esos centros y abandonar esta política migratoria”, ha señalado.
En paralelo, ha criticado el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias aprobado por el Gobierno central, calificándolo de “forzoso e ilegal”. Según Dávila, este acuerdo responde a intereses políticos de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, y utiliza a los menores “como mercancía” para sostener la legislatura.
La consejera ha insistido en que Madrid es una región integradora, pero ha denunciado que el reparto excluya a comunidades como Cataluña o el País Vasco para “contentar a los independentistas”. “A Sánchez no le importan los menores, necesita esos votos para permanecer en el poder. No vamos a apoyar eso”, ha zanjado.