Los sindicatos defienden la actuación policial en el desahucio de Maricarmen

Los sindicatos exigen que se analicen las órdenes completas y el contexto del dispositivo, no solo imágenes aisladas.

Los sindicatos de la Policía Nacional salieron ayer en defensa de los agentes que participaron en el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años con discapacidad que vivía de alquiler en el barrio de Retiro. Aunque aceptan que se abra una investigación ante las críticas recibidas, exigen que se lleve a cabo "con todas las garantías" y advierten de que el Gobierno no puede eludir su responsabilidad política en el dispositivo.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) subrayó que los agentes se limitaron a ejecutar una orden judicial. "No podemos exigir a los agentes que cumplan una resolución judicial y después juzgar su actuación exclusivamente por unos segundos de vídeo, sin conocer todo lo que ocurrió antes", señalaron en un comunicado.

El SUP pidió una "investigación rigurosa" tras las denuncias del Sindicato de Inquilinas y de activistas, políticos y ciudadanos que afirman haber sido rociados con spray policial o haber recibido golpes con marcas visibles en la espalda y la cabeza mientras intentaban frenar el desahucio. "Entendemos perfectamente la dureza de las imágenes y que se investigue cualquier posible irregularidad. Pero también pedimos que se escuche a los policías que estuvieron allí, que se analicen las grabaciones completas y que se tengan en cuenta las órdenes recibidas y las circunstancias reales de un dispositivo complejo", indicaron desde el sindicato.

El SUP también recordó que los agentes tienen derecho a la presunción de inocencia y a todas las garantías legales. "La Policía acude a garantizar el cumplimiento de una resolución judicial en una situación especialmente complicada, con una enorme presión mediática y personas que trataban de impedir la intervención", añadieron. El sindicato puso sus servicios jurídicos a disposición de los policías que ejecutaron el desahucio.

El Ministerio del Interior se limitó a señalar que la Policía Nacional dispone de protocolos internos para detectar y gestionar cualquier actuación irregular. Los representantes sindicales recordaron que los dispositivos de la Unidad de Intervención Policial son cuestionados con frecuencia, como ocurrió tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta o en los operativos desplegados para prevenir disturbios en el Congreso de los Diputados.

Para Jupol, otro de los grandes sindicatos policiales, el Gobierno ha intentado eludir su responsabilidad. "Resulta esperpéntico que el delegado del Gobierno en Madrid pretenda desmarcarse de la responsabilidad institucional del operativo para, posteriormente, cuestionar públicamente la actuación de los policías", afirmaron. Jupol reprochó la "hipocresía" del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. "Cuando hay que garantizar que se cumpla una resolución judicial, los policías son necesarios; cuando aparecen imágenes polémicas y sesgadas, algunos responsables políticos parecen querer desentenderse del dispositivo y señalar a los agentes", expusieron.

Jupol recordó que la Delegación del Gobierno afirmó inicialmente que la Policía Nacional actuaba bajo el mandato de la comisión judicial responsable del lanzamiento. Sin embargo, dos días después, el delegado anunció una investigación sobre posibles excesos policiales tras reconocer que hay imágenes del operativo que no le han gustado.

Los sindicatos apuntaron que la normativa sitúa al delegado del Gobierno como autoridad política supervisora del dispositivo, bajo dependencia funcional del Ministerio del Interior. Por ello, Jupol reclamó que cualquier actuación concreta sometida a investigación se analice con "todas las garantías", valorando el dispositivo en su conjunto y no únicamente a partir de imágenes parciales. "Se debe tener en cuenta también la situación existente, las órdenes impartidas y las circunstancias que provocaron cada intervención, y no únicamente a partir de imágenes aisladas", enfatizaron.