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Madrid elevará al 4% la reserva mínima de contratos públicos para empleo social en 2026
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves fijar en un mínimo del 4% los contratos públicos que deberán reservarse en 2026 para centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción. Esta decisión supone un ligero aumento respecto al ejercicio anterior y busca fomentar la empleabilidad de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social mediante el impulso de una contratación pública más inclusiva.
La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha detallado en rueda de prensa que este porcentaje mínimo equivale a una reserva de 6,6 millones de euros en términos estimados, lo que representa un aumento de 0,25 puntos porcentuales y 400.000 euros respecto al plan vigente para 2025. La medida forma parte de la estrategia municipal de apoyo a la economía social, al tiempo que refuerza el compromiso con la inserción laboral de colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado ordinario.
Este porcentaje mínimo es una referencia de base, de manera que el número final de contratos y el volumen económico reservado puede ser superior, como ha venido ocurriendo desde que se implementó esta política en 2019. Aquel año, el Ayuntamiento estableció una reserva inicial del 2%, equivalente entonces a 2,4 millones de euros. Desde entonces, las cifras han ido creciendo de forma sostenida.
A lo largo de estos años, los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción han ejecutado 324 contratos municipales, por un importe superior a los 54,6 millones de euros. Estas adjudicaciones han permitido a estas entidades desarrollar actividades tan variadas como limpieza, jardinería, reciclaje, lavandería, servicios de catering, trabajos de imprenta, almacenamiento y tareas administrativas o auxiliares.
Con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, será ahora la titular del Área de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, quien apruebe antes de final de año el plan con la relación detallada de contratos sujetos a reserva, junto con las directrices para su ejecución. En el caso del plan de 2025, los contratos finalmente recogidos alcanzaron los 10,1 millones de euros, muy por encima del mínimo exigido, lo que garantiza la viabilidad del nuevo umbral establecido para 2026.
Los centros especiales de empleo de iniciativa social son entidades promovidas mayoritariamente por organizaciones sin ánimo de lucro y con una plantilla en la que al menos el 70% de los trabajadores tienen discapacidad. La legislación les exige reinvertir íntegramente sus beneficios en la creación de empleo para este colectivo y en el fortalecimiento de sus estructuras.
Las empresas de inserción, reguladas por la Ley 44/2007, tienen como objetivo acompañar a personas en exclusión social hacia el empleo ordinario. Están también promovidas por entidades sin ánimo de lucro y deben destinar al menos el 80% de sus beneficios a la mejora de sus procesos de inserción o a la ampliación de su capacidad productiva. Ambas figuras representan pilares fundamentales de una economía al servicio de las personas.
