Almeida reformará el reglamento de la EMVS para dar más peso al arraigo en el acceso a vivienda

Almeida reformará el reglamento de la EMVS para dar más peso al arraigo en el acceso a vivienda

El Ayuntamiento de Madrid prepara una modificación "muy profunda" de las normas de adjudicación para reconocer a quienes lleven más años empadronados en la ciudad y adaptar la política municipal a la presión del mercado residencial.

José Luis Martínez-Almeida confirmó este martes que el Ayuntamiento trabaja en una reforma "muy profunda" del reglamento de adjudicación de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo para reforzar el criterio de arraigo. El objetivo es adaptar las políticas municipales a la presión actual sobre el mercado residencial madrileño.

El alcalde hizo el anuncio desde la Escuela Municipal de Empleo Verde y Oficios. Defendió que el arraigo es un requisito "razonable" y que quienes llevan más años empadronados en Madrid deben ver reconocido ese vínculo por la Administración. "No queremos dejar fuera a nadie que viva en la ciudad", aclaró, pero insistió en la necesidad de priorizar a los vecinos con mayor antigüedad.

La reforma corre en paralelo al giro anunciado por la Comunidad de Madrid en el Plan Vive, que dará prioridad a quienes acrediten al menos cinco años de empadronamiento en su municipio. En la capital, Almeida busca actualizar el marco de adjudicación para incorporar nuevas realidades y mejorar la respuesta municipal ante las dificultades de acceso a la vivienda.

El problema, según el alcalde, va más allá de la vivienda social. Afecta cada vez más a la vivienda asequible: hay muchas personas con capacidad económica para afrontar un alquiler o una compra que no pueden acceder a una vivienda en Madrid por el encarecimiento del mercado. El Ayuntamiento quiere abordar esta situación con nuevos instrumentos.

Almeida defendió que la política municipal debe atender tanto a quienes carecen de recursos como a las rentas medias que encuentran serias barreras para residir en la ciudad. Marcó distancias con el Gobierno central y con el modelo de Casa 47, al entender que deja fuera a quienes se sitúan por debajo de 2,5 veces el IPREM.

El Consistorio mantiene recursos dirigidos a quienes no tienen capacidad económica y quiere, al mismo tiempo, focalizar esfuerzos en quienes, aun teniéndola, no consiguen acceder a una vivienda en la capital.