La ciudad de Madrid suma 875 denuncias a grafiteros en tres años

La Sección de Protección del Patrimonio Urbano (Sepropur) de la Policía Municipal de Madrid, calificada de "pionera", ha tramitado 875 denuncias a grafiteros en sus tres años de funcionamiento. En ese tiempo suma 63 investigados, 802 expedientes, 628 informes y 1.466 personas identificadas, además de 190 atestados enviados a juzgados de instrucción y otros 17 remitidos a la Fiscalía de Medio Ambiente por daños a edificios protegidos o de interés cultural.

"El grafiti no es arte urbano, es la forma de algunos de ensuciar la ciudad", ha afirmado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde la sede de la sección, en la comisaría de la Policía Municipal de la calle Plomo.

La unidad cuenta con una treintena de agentes que trabajan en turnos de mañana, tarde y noche, las 24 horas, durante todo el año. A partir de diagnósticos y de mapas de riesgo de los espacios afectados, intervienen junto a las comisarías integrales de distrito, analizan los daños, identifican a los autores y, cuando procede, reclaman la reparación de lo dañado.

Actúan en toda la ciudad, aunque con especial atención a algunos puntos vulnerables. Los agentes fotografían y localizan los grafitis, investigan su autoría con los servicios policiales de grafología, sobre todo cuando afectan al patrimonio histórico, en coordinación con la Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano, del Área de Cultura, Turismo y Deporte. También rastrean las redes sociales abiertas, tramitan los atestados y reúnen las denuncias administrativas de todas las comisarías en una base de datos sobre estos ataques al patrimonio.

La sección se coordina con el área delegada de Limpieza y Zonas Verdes para fijar cómo se reparan los bienes dañados y consultar su archivo fotográfico de pintadas, y con los administradores de fincas cuando las fachadas afectadas son privadas.

Colabora además estrechamente con la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo para agilizar los procedimientos, así como con cualquier otra estructura que contribuya a mejorar la percepción de seguridad frente a este vandalismo.

Patrullas antigrafitis

La unidad se incorporó a las patrullas antigrafitis que el área de Medio Ambiente y Movilidad puso en marcha en septiembre de 2022, dentro de un nuevo Servicio Público de Limpieza Urgente (Selur) con más medios para que las intervenciones sean más rápidas y eficientes.

Estas patrullas especializadas atienden los avisos de los vecinos para borrar pintadas y revisan con regularidad las zonas de los distritos donde suelen aparecer. Además, eliminan las pintadas sobre metal, metacrilato y plástico, superficies que antes no se limpiaban.

Multas más elevadas

Las sanciones por estos actos se rigen por el artículo 20 de la Ley 3/2007 de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid. En diciembre de 2019, el Gobierno municipal subió las cuantías dentro de los márgenes que permitía la ley.

Algunas multas llegaron a duplicarse o triplicarse. Las pintadas en cierres comerciales o elementos vinculados a actividades económicas pasaron de 500 a 1.000 euros; las realizadas en mobiliario urbano, muretes, pilares y puertas, de 300 a 600 euros, y en los edificios emblemáticos las multas alcanzan los 2.000 euros por pintadas de menos de un palmo y los 3.000 euros si superan esa medida.

En diciembre de 2024, el Ayuntamiento modificó el protocolo de prestación ambiental sustitutoria de las sanciones de limpieza para que quienes hayan sido multados por hacer grafitis en la vía pública puedan cambiar la sanción por borrar pintadas.

Pintadas en la plaza de la Villa y el Museo de América

Entre las actuaciones más relevantes de Sepropur figura la investigación por daños al patrimonio histórico de dos grafiteros que pintaron la parte trasera de la plaza de la Villa y el monumento a las víctimas de Mauthausen.

La unidad ha investigado también a diez personas por daños al patrimonio histórico tras pintar el Museo de América, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Además, ha intervenido por los daños en el monumento a la infanta Isabel de Borbón, en Moncloa-Aravaca; en un operativo en el parque de la Cuña Verde (Latina), con cinco denunciados y 200 aerosoles intervenidos; por las pintadas en la tapia de Sabatini (Casa de Campo) durante las obras de la A-5, y en varias identificaciones y denuncias a grafiteros activos en el entorno de los cuarteles de Campamento.

El refuerzo de la vigilancia y de las sanciones, motivado por la reincidencia de muchos autores, ha llevado a algunos habituales a abandonar esta práctica. Una primera pintada se castiga, según la superficie, con entre 600 y 3.000 euros, pero la reincidencia reiterada eleva las cuantías.

La acumulación de denuncias ha dado lugar a casos como el de un vecino de Chamberí que, tras ser sancionado con hasta 8.000 euros, reconoció su autoría y recibió una multa de 2.500 euros y 40 horas de trabajos en beneficio de la comunidad. Otro vecino de Arganzuela fue denunciado por hechos que suman 15.000 euros en sanciones, y un grafitero habitual de la plaza del Dos de Mayo acumula denuncias por más de 20.000 euros. Quienes fueron detenidos en flagrancia pintando edificios protegidos, estatuas o paramentos con especial protección están pendientes de juicio penal, ya que el daño al patrimonio histórico se castiga con hasta cuatro años de prisión según su alcance.

Los daños de la acampada de Sol

La unidad ha tenido "una participación importante" en la Puerta del Sol, donde estuvo la acampada por la vivienda ya desalojada, "para valorar los daños y datar los diferentes grafitis y pintadas que se habían hecho, tanto en el Oso Madroño como en la estatua de Carlos III".

La cuantificación de esos daños permitirá al Ayuntamiento "ejercer las acciones judiciales correspondientes". "Estamos trabajando en esa cuantificación para iniciar las acciones judiciales contra el exdelegado del Gobierno Francisco Martín", ha insistido el alcalde.

Martínez-Almeida y la vicealcaldesa, Inma Sanz, se reunirán esta semana con los servicios jurídicos municipales "para tomar definitivamente ya la decisión de cuándo presentar la querella contra el anterior delegado del Gobierno".