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La Comunidad aprobará una nueva ley para construir más vivienda pública y asequible
La nueva norma del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso busca aumentar la oferta de vivienda pública y asequible, acelerar los plazos de construcción y permitir más pisos por promoción sin consumir nuevo suelo.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobará esta semana en Consejo de Gobierno una nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida. La norma prevé facilitar la creación de más de 18.000 nuevos hogares en los próximos cuatro años. El objetivo es aumentar la oferta de vivienda pública y asequible, reducir los tiempos de tramitación y adaptar el ritmo de construcción a la demanda actual del mercado, con especial atención a jóvenes y familias.
Los cambios urbanísticos que introduce el texto permitirán ganar capacidad residencial sin consumir nuevo suelo. La ley amplía hasta un 30% la densidad de las promociones y eleva en un 20% la edificabilidad, de manera que puedan construirse más viviendas dentro de un mismo desarrollo. Según la Comunidad de Madrid, esta fórmula acelerará la respuesta al problema del acceso a la vivienda sin recurrir a nuevos crecimientos de suelo.
La iniciativa se inscribe en la estrategia que el Gobierno regional despliega desde 2019 en materia de vivienda, un área que el Ejecutivo madrileño sitúa entre sus prioridades políticas. La aprobación del texto dará cobertura legal a nuevas actuaciones dirigidas a ampliar el parque protegido y a facilitar que más personas accedan a una vivienda en alquiler o en propiedad en condiciones asumibles.
Desde el Ejecutivo autonómico subrayan que Madrid es la región que más vivienda pública ha construido desde 2019, con más del 40% del total nacional. Ese balance acompaña esta nueva iniciativa, junto a la defensa del Plan Vive como principal instrumento de colaboración público-privada en el ámbito del alquiler asequible.
El Plan Vive ha permitido ya la entrega de 5.300 viviendas en una veintena de municipios. A esa cifra se sumarían otras 3.200 durante este año en promociones actualmente en construcción, con el objetivo de alcanzar las 14.000 en 2027. El Ejecutivo regional presenta ese programa como uno de los pilares de su política de vivienda y como un ejemplo de cooperación entre administración e iniciativa privada para aumentar la oferta sin cargar todo el peso sobre la promoción pública tradicional.
