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La Comunidad aprueba una nueva Ley para impulsar 18.000 viviendas protegidas y reducir trámites
La Comunidad permitirá más edificabilidad, hasta dos plantas adicionales y cambios de uso en suelos ya planificados para acelerar la construcción de vivienda asequible y corregir el déficit de oferta.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó este miércoles su Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Vivienda. El objetivo es claro: ampliar la oferta de vivienda protegida, reducir los plazos de construcción y crear más de 18.000 nuevos hogares en los próximos cuatro años. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, presentó el texto junto al portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García Martín. La propuesta apuesta por más edificabilidad, menos trabas administrativas y mayor flexibilidad urbanística para responder a la demanda residencial.
El Gobierno regional justifica la iniciativa por el desajuste entre la creación de nuevos hogares y el ritmo de edificación. Madrid crece demográficamente y la presión sobre el mercado de la vivienda es sostenida. La norma, que Isabel Díaz Ayuso adelantó en noviembre de 2025 dentro del Plan de Choque de Vivienda 2026-2027, busca movilizar suelo ya planificado y aumentar la capacidad residencial sin consumir nuevos desarrollos urbanísticos.
Rodrigo ha defendido que el principal problema de la vivienda se combate construyendo más pisos. Enmarca el proyecto dentro de una estrategia basada en gestión y promoción efectiva. En esta legislatura se habrán promovido en torno a 70.353 viviendas con algún tipo de protección pública, de las que 26.142 corresponderán directamente a la Comunidad de Madrid.
Uno de los cambios más relevantes es la posibilidad de incrementar hasta un 30% la densidad y hasta un 20% la edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida. Para lograrlo, se permitirá elevar la altura de los edificios en hasta dos plantas adicionales sin modificar el planeamiento urbanístico. Esto reducirá tiempos y agilizará la ejecución de promociones, según el Ejecutivo.
Estas medidas no serán automáticas ni generalizadas. Los ayuntamientos decidirán si activan o no estos mecanismos extraordinarios, que tendrán carácter temporal. El plazo será de dos años para solicitar licencias y de tres para ejecutar las obras. La intención es acelerar la oferta en el corto plazo sin alterar de forma permanente el marco urbanístico ordinario.
Más usos y menos burocracia
El texto amplía también las posibilidades de cambio de uso de suelo. Permite reconvertir parcelas destinadas a otros usos —comercial, industrial, dotacional— en vivienda protegida sin necesidad de modificar el planeamiento. Se trata de una flexibilización que busca aprovechar suelo ya clasificado para acelerar la construcción. La reducción de trámites administrativos es otro eje central: la ley simplifica procedimientos y reduce plazos en licencias y autorizaciones para que los promotores puedan avanzar más rápido en sus proyectos.
