El juez autoriza a la UCO a rastrear las cuentas de González Amador

 El Juzgado de Instrucción número 19 abre una pieza separada para investigar si la compra de una sociedad por 500.000 euros encubre una comisión ilegal.

La investigación judicial en torno a las actividades empresariales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, ha tomado un nuevo e importante impulso. El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha emitido un auto oficial que autoriza a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a acceder a toda la información bancaria del empresario, en el marco de una pieza separada abierta por presunta corrupción en los negocios.

¿Qué información financiera ha reclamado el juzgado a los bancos?

La resolución judicial ordena a las entidades financieras requeridas que faciliten de forma directa y estrictamente reservada los movimientos, saldos y extractos de las cuentas vinculadas a González Amador y a su entorno societario. El requerimiento del magistrado abarca un amplio espectro temporal, comprendido desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha actual de cumplimentación de la orden, debiendo entregarse los resultados a la Unidad de Policía Judicial.

Desde una perspectiva de fiscalización y transparencia en los negocios privados, esta diligencia llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid rechazara los recursos de la defensa para frenar la intervención de la UCO. Los agentes de la Guardia Civil habían solicitado un acceso combinado a datos bancarios, fiscales y de la Seguridad Social, pero el juez instructor ha considerado prioritario comenzar de forma exclusiva por el examen de las cuentas corrientes antes de ampliar las pesquisas al terreno tributario o laboral.

¿Cuál es la operación mercantil que centra las sospechas de la UCO?

El foco principal de esta pieza separada se sitúa sobre una transacción específica realizada en el año 2020: la compraventa de la sociedad Círculo de Belleza S.L., la cual fue adquirida por una mercantil vinculada a González Amador por un importe cercano a los 500.000 euros. Las diligencias previas practicadas por los investigadores apuntan de forma indiciaria a que la operación podría esconder irregularidades mercantiles ajenas a los delitos fiscales originales.

La hipótesis policial que maneja el instructor apunta a que la adquisición de dicha sociedad pudo tener como finalidad real el pago encubierto de una comisión a un directivo vinculado a Quirón Prevención, entidad con la que González Amador mantenía intensas relaciones comerciales. El auto judicial justifica la idoneidad del rastreo financiero para determinar el origen y la evolución del patrimonio de los investigados, verificando si existió un incremento de capital injustificado relacionado con las operaciones de las firmas Maxwell Cremona y Masterman.