El Plan Vive regional dará prioridad a quienes lleven cinco años empadronados en su municipio

El Plan Vive regional dará prioridad a quienes lleven cinco años empadronados en su municipio

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La Comunidad de Madrid modifica la normativa para favorecer el arraigo local, ampliar el acceso a viviendas asequibles y flexibilizar los requisitos de ingresos, especialmente en hogares de dos miembros.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó este miércoles una modificación del decreto 84/2020 que regula el Plan Vive: a partir de ahora, tendrán prioridad en la adjudicación de estas viviendas quienes acrediten al menos cinco años de empadronamiento en el municipio donde se ubique el piso o trabajen en él. El cambio, impulsado por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, también amplía los umbrales de ingresos para las unidades familiares de dos miembros.

El portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, explicó en rueda de prensa que la reforma busca adaptar el programa a la realidad de la demanda y reforzar el acceso a vivienda asequible.

El nuevo orden de preferencia sustituye al anterior, que fijaba un mínimo de tres años de empadronamiento. Ahora, tras los solicitantes con cinco años de arraigo local o vinculación laboral al municipio, se situarán quienes acrediten diez años de residencia en la Comunidad de Madrid y, en último lugar, el resto de personas empadronadas.

La modificación permite además que el Plan Vive se desarrolle en parcelas de suelo perteneciente a otras administraciones públicas adscritas a la Comunidad, como los ayuntamientos, lo que amplía el suelo disponible para construir vivienda pública en alquiler asequible.

En materia económica, la nueva regulación eleva los umbrales de ingresos para las unidades de convivencia de dos miembros. Las viviendas de precio básico exigirán ingresos de entre 1,5 y 5,5 veces el IPREM; las de precio limitado, entre 1,5 y 7,5 veces. La reforma también flexibiliza la acreditación de la situación económica: podrán usarse los datos fiscales más recientes disponibles y se admitirán declaraciones responsables cuando el solicitante haya sufrido cambios relevantes en sus ingresos.

Más transparencia y agilidad en las adjudicaciones

El nuevo marco normativo obliga a publicar de forma permanente las listas de solicitantes en la web del concesionario, con enlace desde la página institucional, para facilitar su actualización continua. También se reducen los plazos de adjudicación y se prevé la posibilidad de reasignar pisos reservados a cupos específicos —víctimas de violencia contra la mujer o personas asiladas— cuando queden vacantes.

Paralelamente, continúa en tramitación el nuevo reglamento de vivienda protegida, que fijará un periodo mínimo de cinco años de empadronamiento para acceder a una vivienda en alquiler y de diez para la compra. Bastará con que uno de los miembros de la unidad familiar cumpla ese requisito. Para las viviendas gestionadas por la Agencia de Vivienda Social se mantiene la condición general de acreditar al menos diez años de empadronamiento en la Comunidad, de los cuales tres deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

El Ejecutivo autonómico recordó que el Plan Vive ha entregado ya 5.211 viviendas.