La Comunidad de Madrid ha ejecutado hasta la fecha un total de 540 medidas destinadas a reducir las barreras regulatorias y la burocracia, con el objetivo de facilitar la creación y el desarrollo de empresas, consolidando así su posición como motor económico del país. La región mantiene el mayor Producto Interior Bruto de todas las comunidades autónomas desde 2019, según ha recordado este jueves la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, durante la presentación del informe anual contra la hiperregulación.
Albert ha reiterado el compromiso del Gobierno autonómico con esta estrategia, subrayando que se seguirá avanzando en la simplificación administrativa y la eliminación del exceso normativo para mejorar la relación entre ciudadanos, empresas y la administración regional.
Durante su intervención, el viceconsejero de Presidencia y Administración Local, José Antonio Sánchez, ha detallado que el 80% de las medidas ya están aprobadas y en ejecución, y que cerca del 27% ha requerido modificaciones legales. Ha defendido que esta política se traduce en una administración más cercana, ágil y comprensible, en beneficio directo de los madrileños.
Entre las reformas más destacadas figura la modificación de la Ley del Suelo para agilizar licencias y reducir los tiempos de tramitación urbanística, así como la extensión del uso de declaraciones responsables en el ámbito de los servicios sociales.
En el ámbito económico, el informe destaca la tramitación simultánea de los informes de evaluación ambiental estratégica y de impacto ambiental para acelerar la instalación de centros de datos. También se han adoptado medidas fiscales como la supresión de la obligación de declarar donaciones inferiores a mil euros, contribuyendo a aliviar la carga burocrática de familias y particulares.
Rocío Albert ha recordado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la tramitación de una nueva Ley Integral contra la Hiperregulación, cuyo propósito será revisar y suprimir normas obsoletas, contradictorias o innecesarias. Esta ley incluirá fechas de caducidad para algunas regulaciones, así como evaluaciones bienales del marco normativo autonómico.
Asimismo, se pondrá en marcha una Línea Abierta por la Eficiencia, para recoger propuestas de los empleados públicos orientadas a reducir trabas administrativas, y se aprobará un nuevo decreto que revisará cada dos años la estructura regulatoria, eliminando órganos o procedimientos que hayan perdido su función o estén en desuso.
La presentación del informe coincide con el cuarto aniversario de la Línea Abierta contra la hiperregulación, una herramienta abierta a ciudadanos y empresas que permite plantear sugerencias para simplificar o eliminar normativas innecesarias. El canal se encuentra disponible en la web oficial de la Comunidad de Madrid.