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CEIM denuncia el “acoso tributario” a las empresas y exige reformas ante la “voracidad recaudatoria” del Gobierno
El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido, ha instado al Gobierno central a poner fin al “acoso tributario” que, a su juicio, sufren las empresas españolas, y ha denunciado la “voracidad recaudatoria desmedida” del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de obstaculizar la competitividad y el crecimiento económico.
Durante su intervención en la Asamblea General de CEIM, Garrido ha hecho balance de la actividad empresarial en la región y ha subrayado los principales obstáculos que afrontan las empresas madrileñas, como el creciente absentismo laboral y el aumento de costes, que considera insostenibles para el tejido productivo, compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas.
El líder empresarial ha advertido de que sin credibilidad no hay confianza, y sin esta no puede haber inversión ni futuro económico. En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo reformas urgentes que afronten el déficit, la deuda pública y la elevada tasa de paro, al tiempo que ha reclamado un Gobierno “aliado de las empresas y no un enemigo que nos use para sus fines electoralistas”.
Garrido ha reprochado la inacción política, el exceso de regulación y una burocracia paralizante como frenos al crecimiento económico. Ha señalado que el aumento de los costes empresariales, incluidos los fiscales, administrativos y laborales, está “torpedeando la línea de flotación” de las empresas, por lo que ha advertido que “no hacer nada no es una opción”.
El presidente de CEIM ha alertado de que la presión fiscal actual se ha transformado en una forma de “persecución” a las empresas. Ha recordado que la contribución empresarial al Estado en España supera en tres puntos porcentuales a la media europea y que el 30% de los beneficios acaban en manos de la Hacienda Pública, lo que, a su juicio, dificulta atraer talento, capital e inversión productiva.
Además, ha criticado la creación de nuevas cargas fiscales como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la Cuota de Solidaridad, que ha calificado de “atraco oculto” y que, según sus cálculos, representan un sobrecoste anual de cerca de 1.000 millones de euros para las empresas madrileñas.
Garrido ha tildado de “bochornoso” el estado de las infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias, y ha denunciado la publicación diaria de nuevas normas como un signo de ineptitud y falta de transparencia en la gestión pública. A su juicio, solo con una política económica previsible y orientada al futuro podrá revertirse la caída de productividad y de inversión.
La clausura del acto corrió a cargo de la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, quien acusó al Gobierno central de haber sumido al país en la “miseria”, una realidad que, según afirmó, ya se refleja en la actividad empresarial.
Ayuso denunció que desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa se han destruido cerca de 23.000 microempresas, a razón de diez negocios por día, lo que atribuyó al encarecimiento de los costes laborales, que se han incrementado un 26% desde 2021. También criticó la “legislación absurda, totalitaria e ideológica” que —según la dirigente madrileña— aleja a las empresas de la competitividad.
La presidenta alertó de la caída de la inversión extranjera en un 45% durante el último año y denunció que la corrupción y la desidia del Ejecutivo están “espantando proyectos”. Subrayó que la política económica del Gobierno se ha convertido en una herramienta ideológica, ajena a las necesidades reales del mercado. Además, advirtió que la próxima reducción de jornada laboral supondrá un nuevo golpe de 4.000 millones de euros, impuesto sin diálogo con los empresarios.
