CEIM rechaza que se imponga el catalán en empresas radicadas fuera de Cataluña

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha criticado duramente el acuerdo alcanzado entre Junts y el Gobierno de España para obligar a las empresas con más de 250 trabajadores a ofrecer atención al cliente en catalán cuando el servicio se preste a consumidores de Cataluña, aunque la empresa tenga su sede fuera de esta comunidad.

Desde la patronal madrileña se ha calificado la medida como un ataque directo a la libertad de empresa y a la autonomía de gestión, principios fundamentales de cualquier economía de mercado. “Es inaceptable que se introduzca la política en las iniciativas empresariales. Debe respetarse el margen de autonomía de dirección para el empresario, característica inherente a cualquier empresa privada, sino estaríamos hablando de una empresa pública”, han señalado en un comunicado oficial.

CEIM ha lamentado que esta reforma no haya sido consultada con las propias empresas afectadas, las cuales, aseguran, ya ofrecen atención en catalán en la mayoría de los casos como parte de su estrategia de negocio y en función de las necesidades del mercado, no por imposición política.

Los empresarios madrileños han advertido de que este tipo de decisiones, adoptadas en el ámbito político sin valorar su impacto real en el tejido empresarial, suponen un deterioro de la competitividad y aumentan innecesariamente los costes operativos. “Pese a que la medida puede ser comprensible desde una perspectiva nacionalista, sorprende que el Gobierno, que debería velar por el interés general, acepte intervenir en la libertad de empresa solo para contentar a los nacionalistas y mantenerse en el poder”, han criticado.

CEIM ha recordado que el momento económico actual ya está marcado por un aumento sostenido de la presión fiscal y de los costes sociales que asumen las empresas, por lo que implementar nuevos servicios obligatorios en determinadas lenguas añade burocracia, disfunciones y una carga adicional que puede repercutir negativamente en la productividad.

En este contexto, la patronal exige al Ejecutivo que respete el principio de neutralidad en las decisiones que afectan al ámbito privado, sin supeditar la regulación empresarial a acuerdos políticos ajenos al interés general y que responden únicamente a cálculos de poder.