El Supremo frena la 'ley de nietos' para la "transparencia" de las elecciones

El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el voto de los ya inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad a través de la 'ley de nietos', así como las nuevas inscripciones. La medida busca preservar "la transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en sus resultados", ante la magnitud del aumento registrado en el censo.

El alto tribunal ha respaldado esta decisión en dos autos dictados tras frenar los efectos electorales de la 'ley de nietos', una disposición de la Ley de Memoria Democrática que otorga la nacionalidad a descendientes de exiliados. Los recursos los presentaron Iustitia Europa y Vox.

Incremento extraordinario del censo electoral

El tribunal advierte de que el "incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA", que además está "en constante aumento", puede "afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados".

Los datos son contundentes: el censo acumula 408.262 inscritos más a 1 de julio de 2026 que en las elecciones generales de 2023, con 2.736.522 electores frente a los 2.328.260 de entonces. Para el Supremo, "tal crecimiento genera un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral, causando un daño irreversible".

Medidas cautelares temporales

Para evitar "una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral", la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó las medidas cautelares solicitadas. Tendrán carácter temporal y quedarán supeditadas a la sentencia definitiva del alto tribunal.

El Supremo sostiene que "la afectación del derecho de participación" de quienes adquirieron la nacionalidad por la 'ley de nietos' "no resulta desproporcionado en relación con los intereses generales que se trata de preservar".

Principios de transparencia y Estado de Derecho

El tribunal subraya que "la transparencia y objetividad del proceso electoral, así como la vigencia del principio de igualdad, constituyen los pilares esenciales" sobre los que descansa el principio de participación ciudadana en los asuntos públicos, dentro del Estado democrático y de Derecho que es España.

A juicio del Supremo, estos principios "transcienden a aspectos mucho más relevantes y decisivos para nuestro Estado de Derecho y para el derecho del pueblo español a decidir su futuro".

El tribunal añade que "la veracidad, objetividad y transparencia del proceso de elección de los representantes en los diferentes procesos electorales debe regir y estar presente en todas sus fases, desde la elaboración y actualización del censo electoral, con la exacta y correcta relación de ciudadanos con derecho de sufragio que puedan participar en cada circunscripción electoral, hasta el resultado final del proceso y la elección de los representantes".