El Supremo acelera su decisión sobre el voto por la ley de nietos

El Tribunal Supremo acelera su decisión sobre la suspensión cautelar de la 'ley de nietos' tras el adelanto electoral convocado por Sánchez, mientras el Gobierno sostiene que es "materialmente imposible" diferenciar a los nacionalizados por esta vía antes de las elecciones del 29 de noviembre.

El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez este lunes ha provocado que el Tribunal Supremo acelere los trámites para decidir qué hacer con la suspensión cautelar que acordó sobre la denominada 'ley de nietos', que paralizó el voto para los nacionalizados a través de esa vía. El mismo lunes, el partido Iustitia Europa, una de las organizaciones que denunciaron ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que la 'ley de nietos' podía alterar el censo electoral, presentó un escrito pidiendo que se tomen medidas para "garantizar" que la suspensión cautelar sea aplicada en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Una vez que Sánchez convocó elecciones anticipadas, el alto tribunal concedió el martes un plazo "improrrogable" de dos días a las partes para presentar alegaciones sobre la 'ley de nietos', con el fin de acelerar su decisión ante las nuevas circunstancias. No se descarta que la decisión se conozca este mismo fin de semana.

El Gobierno ve "imposible" cuantificar los afectados

Tanto la Fiscalía como el Gobierno son partidarios de levantar la suspensión y permitir votar a todos los españoles en el extranjero. En sus alegaciones, el Ejecutivo consideró "materialmente imposible" que antes de las elecciones generales del 29 de noviembre se pueda diferenciar entre los nacionalizados por la 'ley de nietos' y quienes lo fueron por otros motivos. "O se suspende a todos los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) o no se suspende a ninguno, porque resulta materialmente imposible distinguir a unos de otros en el brevísimo plazo de tiempo del que se dispone", expuso el Ejecutivo.

Por su parte, Iustitia Europa pidió el viernes paralizar las elecciones "para garantizar la ejecución efectiva" de la suspensión cautelar que acordó el alto tribunal el pasado septiembre, cuando paralizó el voto y las nuevas inscripciones en el censo para nacionalizados por la 'ley de nietos'. Vox, la otra recurrente, presentó una petición similar horas después de Iustitia Europa.

Magnitud de las cifras que cuestiona la objetividad electoral

La denominada 'ley de nietos' es una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que permite que puedan optar a adquirir la nacionalidad española descendientes de exiliados. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado de que se han recibido más de 1,2 millones de solicitudes, de las cuales se han aprobado 571.761. En total, se han practicado 333.696 inscripciones en oficinas consulares.

Estos datos fueron esenciales para la decisión del Supremo. Los magistrados enfatizaron que el CERA tiene 408.262 inscritos más a 1 de julio de 2026 que en el censo correspondiente para las elecciones generales de 2023: 2.736.522 electores frente a 2.328.260. El tribunal consideró que "tal crecimiento genera un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral, causando entonces un daño irreversible".

La posición del Supremo: prioridad de la transparencia electoral

En dos autos, los magistrados consideraron que a fin de evitar "una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral", era necesario estimar las medidas cautelares, que tendrán carácter temporal y estarán supeditadas a la sentencia final del alto tribunal. El Supremo aseveró que "la afectación del derecho de participación" de las personas que hayan adquirido la nacionalidad por la 'ley de nietos' "no resulta desproporcionado en relación con los intereses generales que se trata de preservar".

"La transparencia y objetividad del proceso electoral, así como la vigencia del principio de igualdad, constituyen los pilares esenciales sobre los que se asienta el principio de participación ciudadana en los asuntos públicos, dentro del Estado democrático y de derecho que es España", apuntó la Sala.

El voto particular de María Alicia Millán

La decisión del Supremo contó con el voto particular en contra de la magistrada María Alicia Millán, que opinó que las medidas cautelares producen "la privación de uno de los efectos más relevantes inherentes al reconocimiento de la nacionalidad española", el derecho al sufragio, a "un número potencialmente muy elevado de ciudadanos". Para la magistrada, que "un determinado número de personas haya adquirido la nacionalidad española" no constituye "un riesgo cualificado que haga necesaria la adopción de la medida cautelar pretendida".

Esta misma semana, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, advirtió de que el censo se verá "alterado" si el alto tribunal mantiene la medida cautelar a la 'ley de nietos'. El titular de Justicia urgió a los magistrados a "resolver el fondo de la cuestión lo antes posible" porque "privar el derecho a voto a españoles" es una decisión de "mucha trascendencia".