El Supremo da dos días para alegaciones sobre la 'ley de nietos'

La 'ley de nietos' genera incertidumbre a días de los comicios tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir un plazo improrrogable para alegaciones antes de resolver sobre el fondo del asunto.

El Tribunal Supremo ha concedido un plazo de 48 horas a las partes para que presenten alegaciones sobre la denominada 'ley de nietos' antes de resolver sobre el fondo del asunto, tras el adelanto de las elecciones generales anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 29 de noviembre.

Mediante dos providencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativa ha establecido ese plazo "improrrogable" tras registrarse nuevos escritos de Iustitia Europa y Vox una vez conocida la convocatoria electoral. Ambas entidades reclamaban al tribunal que tomase medidas para "garantizar" que la 'ley de nietos' no afecte a los comicios y advirtieron de que el censo electoral vigente es el que se cerró un mes antes de la suspensión cautelar, que "no admite interpretación".

Qué deben alegar las partes

Los magistrados han indicado que las alegaciones deberán extenderse al emplazamiento de las personas que hayan obtenido la nacionalidad española de origen por la denominada 'ley de nietos' —una disposición de la Ley de Memoria Democrática a la que pueden acogerse descendientes de exiliados— y aún no hayan sido inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), así como a las que ya hayan sido inscritas en el censo.

La suspensión cautelar de septiembre

El Supremo frenó de manera cautelar la 'ley de nietos' el pasado septiembre mientras analizaba el fondo de la cuestión. El tribunal argumentó que actuaba en defensa de la "transparencia" de las elecciones ante el aumento del censo y consideró que los intereses generales del Estado priman sobre el derecho al voto de las personas que hayan adquirido la nacionalidad por esta vía. En esa misma decisión, paralizó también el voto de los nacionalizados por esa vía, salvo aquellos con familiares con exilio acreditado.

El Gobierno recurrió esa decisión, exponiendo que "no existe ningún riesgo derivado del crecimiento del CERA" y que la iniciativa no puede alterar el resultado electoral "por pura matemática".