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Interior defiende las medallas de la Guardia Civil tras el caso Aldama
El Ministerio sostiene que la normativa ya "ya contiene mecanismos de control y publicidad" y que la transparencia forma parte de los criterios del procedimiento.
El Ministerio del Interior ha salido al paso de las críticas del Partido Popular sobre la concesión de medallas de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, en particular por la distinción otorgada en 2022 a Víctor de Aldama, actualmente investigado en el denominado 'caso Koldo'. En una respuesta parlamentaria fechada el 22 de mayo, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha defendido la transparencia y los controles del procedimiento de condecoración.
Los populares habían cuestionado que la Guardia Civil no hubiera incorporado modificaciones similares a las aprobadas por la Policía Nacional para reforzar la supervisión de las condecoraciones y garantizar el valor ejemplar de quienes las reciben. El PP consideró "involucrado en tramas de corrupción" que Aldama recibiera la medalla en 2022 siendo actualmente acusado de estar "involucrado en tramas de corrupción", denunciando un supuesto "involucrado en tramas de corrupción".
Frente a estas críticas, Interior sostiene que las medallas de la Guardia Civil ya incorporan "un estándar de conducta" y explica que las propuestas deben estar respaldadas por hechos concretos, informes documentados y valoración jerárquica de los mandos.
El Ministerio añade que las condecoraciones pueden ser denegadas cuando el candidato esté inmerso en procedimientos judiciales o disciplinarios o mantenga anotaciones desfavorables pendientes de cancelación. Este mecanismo de control previo es, según Interior, un elemento fundamental del procedimiento.
La respuesta parlamentaria detalla que la Orden del Mérito de la Guardia Civil contempla un proceso completo que incluye propuesta, instrucción, informe, resolución y publicación oficial. Además, el Ministerio subraya la posibilidad de instruir expedientes cuando razones de conducta aconsejen prohibir el uso de las condecoraciones ya concedidas.
A finales de 2024, Fernando Grande-Marlaska informó en el Senado de que se había iniciado el procedimiento para prohibir el uso de la medalla a Víctor de Aldama, reconociendo así la necesidad de revisar la distinción otorgada años atrás.
En aquella comparecencia, el ministro también situó el origen de la relación entre Aldama y la Guardia Civil en 2017, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. "Su colaboración con esta institución se remonta al menos cinco años tras su concesión en 2022, es decir, en 2017, con un gobierno del PP presidido por Rajoy", señaló entonces Marlaska, subrayando que la colaboración del empresario con la institución armada antecedía a la concesión de la medalla.
